La defensora del Pueblo, Iris Marín, encendió las alarmas ante el escalamiento de la violencia en Anorí, municipio del nordeste antioqueño donde se libra una disputa territorial por el control de economías ilegales y rutas estratégicas. La situación ha generado temor entre la población y el desplazamiento forzado de familias completas.

La crisis se agrava con la presencia de disidencias armadas comandadas por alias ‘Calarcá’, que han intensificado sus operaciones en la región. Recientemente, estas estructuras ejecutaron un ataque con drones contra un helicóptero de la Policía Antinarcóticos en los límites de Amalfi y Anorí el 21 de agosto de 2025, dejando 13 uniformados fallecidos.

El fortalecimiento del poder del grupo en la zona está relacionado con el cese al fuego ordenado por el gobierno Petro y la disputa por las rentas ilegales, situación que ha incrementado la presión sobre las comunidades rurales del territorio.

Marín señaló que la acción de la fuerza pública es legítima y necesaria para retomar el control territorial, pero pidió que se adelante con máximas precauciones para evitar que la confrontación incremente el riesgo de desplazamientos masivos y afectaciones a la población civil.

La defensora instó a la Unidad para las Víctimas y a las entidades territoriales a activar de inmediato las rutas de atención humanitaria, brindar albergue y acompañamiento psicosocial a las familias afectadas, y garantizar el retorno digno y seguro de quienes han debido huir de sus tierras.

La crisis en Anorí refleja un patrón de violencia que se repite en distintas zonas del nordeste antioqueño, donde la expansión del Clan del Golfo y la presencia de disidencias continúan poniendo en riesgo a las comunidades campesinas.

La región fue identificada por la Defensoría del Pueblo a inicios de 2025 como uno de los focos de violencia, advertencia que se materializó con los recientes ataques.

Con información de bluradio