El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, reiteró su llamado para que se establezcan corredores humanitarios en la zona rural del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, donde más de 2.500 personas se encuentran confinadas desde hace 40 días debido a restricciones de movilidad impuestas por un grupo armado ilegal.

La situación afecta a comunidades indígenas y campesinas asentadas en el corregimiento de Mecaya y las inspecciones de policía de Senceya y Yurilla, ubicadas a orillas de los ríos Caquetá, Yurilla y Mecaya.

“Habíamos alertado sobre esta situación desde que comenzó, con la restricción de movilidad sobre el Río Caquetá, ordenada por uno de los grupos armados ilegales que opera en el sector”, manifestó Camargo Assis, quien solicitó con urgencia la apertura de un corredor humanitario.

La Defensoría del Pueblo ha puesto en conocimiento el confinamiento en diferentes espacios institucionales, como los Subcomités Departamentales y Municipales de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, y los consejos de seguridad. Sin embargo, el Defensor aseguró que no han encontrado una respuesta oportuna por parte del Gobierno Nacional.

Según Camargo Assis, en el Subcomité Departamental, el Ministerio del Interior señaló que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no ha atendido la situación debido a que no cuenta con personal contratado actualmente.

Desde finales de enero, cuando inició la crisis, la Defensoría ha propuesto la apertura de corredores humanitarios, pero implementarlos es competencia exclusiva de la Oficina del Alto Comisionado, ya que la Defensoría no está autorizada para dialogar directamente con grupos armados ilegales.

Lamentablemente, la restricción continúa en Puerto Leguízamo y, desde hace dos semanas, también se ha extendido a zonas rurales del vecino municipio de Puerto Caicedo.

“Seguiremos insistiendo en la necesidad de garantizar los derechos de las comunidades en esa región”, finalizó el Defensor, afirmando que su equipo en Putumayo ha corroborado la situación con las autoridades municipales.