La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá para frenar la ejecución de la prisión domiciliaria ordenada tras su condena a 12 años de cárcel. El recurso busca suspender la medida restrictiva hasta que se resuelva el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia.

El documento judicial de 91 páginas, encabezado por el abogado Jaime Granados, argumenta que se vulneraron los derechos fundamentales del exmandatario a la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad personal.

La defensa sostiene que se violaron estos derechos al ordenar la ejecución inmediata de la prisión domiciliaria, considerando que la sentencia dictada por la jueza 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, aún no está ejecutoriada.

El magistrado Ramiro Riaño Riaño, integrante del Tribunal Superior de Bogotá, fue designado por reparto para analizar la acción de tutela. Sin embargo, este no es su primer contacto con procesos relacionados con el expresidente.

En febrero pasado, Riaño se apartó de otro trámite de tutela interpuesto por la defensa de Uribe, manifestando un posible impedimento por razones personales. La situación se relacionaba con su pareja sentimental, Luz Adriana Gutiérrez, quien fue nombrada en 2013 como fiscal local provisional en Zipaquirá durante la administración de Eduardo Montealegre como fiscal general.

Montealegre, actual ministro de Justicia y presunta víctima en el caso penal contra Uribe, fue uno de los motivos por los cuales el magistrado consideró que su imparcialidad podría verse comprometida en aquella ocasión.

El recurso de tutela se presenta mientras tramita la apelación que la defensa radicó tras conocer el fallo de primera instancia. En esta decisión, Uribe fue hallado responsable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por los cuales recibió una condena de 12 años de prisión domiciliaria.

El equipo jurídico del exmandatario insiste en que, al estar pendiente una segunda instancia ante la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, se mantiene vigente el principio de presunción de inocencia. Según sus abogados, esta circunstancia elimina cualquier justificación legal para ordenar una medida restrictiva de la libertad.

La defensa destaca que, durante todo el proceso judicial, Álvaro Uribe compareció de manera voluntaria y ejerció su defensa sin evadir ninguna diligencia. Por esta razón, argumentan que debe permanecer en libertad mientras se resuelve de fondo su situación jurídica en segunda instancia.

Con información de wradio y bluradio