El nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella ha tomado una medida contundente en materia de seguridad y control penitenciario al ordenar el traslado de 117 personas privadas de la libertad a establecimientos carcelarios de alta seguridad. La operación, ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), comenzó incluso antes de la ceremonia de posesión del 7 de agosto y marca una señal inicial de la política de seguridad que la nueva administración pretende implementar frente a las organizaciones criminales.

Los internos fueron distribuidos en diferentes establecimientos penitenciarios de alta seguridad en todo el país, en ciudades como Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne. La administración explicó que la decisión busca fortalecer el control penitenciario e impedir que las personas privadas de la libertad puedan utilizar los establecimientos carcelarios para mantener comunicaciones o coordinar actividades relacionadas con estructuras criminales.

La Presidencia fue enfática al advertir sobre el nuevo enfoque frente a quienes pretendan mantener operaciones delictivas desde las cárceles. “Quienes pretenden utilizar las cárceles como centros de operaciones criminales estarán sometidos a todo el peso de la ley”, indicó la administración.

La medida fue presentada como parte de una estrategia destinada a “recuperar el control permanente de las cárceles”, garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales y fortalecer la seguridad dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios. El movimiento de los internos adquiere especial relevancia porque varios de ellos estaban relacionados con procesos de acercamiento y negociación desarrollados durante el Gobierno de Gustavo Petro en el marco de la denominada paz total.

Uno de los principales movimientos se produjo en la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia, donde fueron trasladados 103 integrantes de alto perfil relacionados con organizaciones criminales del Valle de Aburrá. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la operación y señaló que entre los internos movilizados se encontraban algunos de los principales cabecillas de estructuras que habían participado en la denominada mesa de paz urbana.

Entre los nombres mencionados en relación con el traslado aparecen alias ‘Carlos Pesebre’, ‘Douglas’ y ‘El Indio’. También trascendió la posible inclusión del exparamilitar Hernán Giraldo, aunque la situación individual de algunos de los internos requiere confirmación específica.

El traslado de los internos coincide con los primeros anuncios del nuevo Gobierno sobre su estrategia frente a las organizaciones armadas y criminales. Desde el Cantón Militar Pichincha de Cali, durante su discurso de posesión, De la Espriella impartió instrucciones a las Fuerzas Militares y a la Policía para intensificar las acciones contra las estructuras ilegales. El mandatario también anunció que su Gobierno elaborará un listado de grupos considerados narcoterroristas, con el propósito de establecer con mayor precisión cuáles organizaciones serán objeto de las operaciones de la Fuerza Pública.

La nueva administración también dejó claro que pretende cambiar el enfoque frente a los procesos de diálogo con organizaciones criminales y privilegiar el sometimiento a la justicia. “Los integrantes de las bandas criminales y del narcoterrorismo tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su Fuerza Pública”, indicó la administración.

En conclusión, el traslado de 117 presos de alto perfil se convierte en una de las primeras señales concretas de la política de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella, en momentos en que la nueva administración comienza a definir su estrategia frente a las organizaciones criminales y los procesos de negociación heredados del anterior Gobierno.