Colombia registró un incremento preocupante en las hectáreas destinadas al cultivo ilícito de coca durante 2023, alcanzando 253.000 hectáreas según el Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd). Esta cifra representa un aumento significativo respecto a las 230.000 hectáreas registradas en 2022.

Los datos revelan que la extensión de cultivos de coca supera actualmente a productos agrícolas esenciales para la alimentación nacional. La superficie cocalera es mayor que la destinada a la yuca (242.991 hectáreas) y la papa (196.756 hectáreas), alimentos básicos en la dieta colombiana y pilares de la economía rural.

La comparación se extiende a otros cultivos importantes: la coca ocupa más territorio que los cítricos (124.155 hectáreas), el banano (109.465 hectáreas), el mango (41.411 hectáreas) y la piña (26.949 hectáreas).

Sin embargo, cultivos de mayor extensión como el café (838.838 hectáreas), el arroz (711.030 hectáreas), la palma de aceite (689.915 hectáreas) y el maíz (518.551 hectáreas) mantienen superficies superiores a los cultivos ilícitos.

La Secretaría de Estado de Estados Unidos anunció la descertificación de Colombia en materia de lucha antidrogas, una decisión que representa un golpe político dirigido al presidente Gustavo Petro. El argumento estadounidense se centró específicamente en el incremento de hectáreas de cultivos ilícitos, minimizando los datos presentados por Colombia sobre decomisos, extradiciones y destrucción de laboratorios de procesamiento.

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores (SAC), considera que las cifras crecientes evidencian el fracaso de la estrategia actual. “Un número creciente de hectáreas de hoja de coca es claramente una muestra del fortalecimiento de los grupos armados al margen de la ley”, explicó.

Bedoya recordó que, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, específicamente en 2013, Colombia logró reducir los cultivos ilícitos a cifras históricamente bajas de entre 46.000 y 48.000 hectáreas, gracias a estrategias que incluían la aspersión aérea, posteriormente suspendida por decisión de la Corte Constitucional.

El incremento de cultivos ilícitos responde a múltiples factores estructurales. La demanda internacional persistente de cocaína, especialmente en Estados Unidos y Europa, mantiene una economía ilegal que incentiva tanto a agricultores como a grupos criminales.

El control territorial ejercido por grupos armados ilegales en zonas cocaleras incrementa la violencia, el desplazamiento forzado y la inseguridad. Los cultivos ilícitos generan impactos ambientales severos, incluyendo deforestación, uso de agroquímicos dañinos y prácticas agrícolas insostenibles que deterioran los ecosistemas.

Al competir directamente con la agricultura tradicional, estos cultivos reducen la oferta de alimentos básicos y limitan las oportunidades de desarrollo económico local en las regiones afectadas.

Bedoya enfatizó la necesidad de coordinación gubernamental para combatir las organizaciones criminales y sus fuentes de financiamiento. “La lucha contra las organizaciones criminales y contra sus finanzas” resulta fundamental, considerando que la coca, junto con la minería ilegal y la extorsión, constituyen las principales fuentes de ingresos de estos grupos.

Con información de agronegocios