La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia expresó su desacuerdo con el proyecto de ley que prepara el Gobierno del presidente Gustavo Petro para otorgar beneficios penales a narcotraficantes, jefes de bandas criminales e integrantes de la denominada primera línea.

Este viernes 18 de julio, la magistrada Myriam Ávila explicó los argumentos de la negativa en el Consejo Superior de Política Criminal, donde votó en contra junto a otros miembros de la Sala Penal. Esta decisión resulta crucial, ya que la Corte Suprema es la máxima instancia penal del país y tendría que conocer los casos y establecer jurisprudencia.

La negativa de la Sala Penal implica que el proyecto se queda sin apoyos institucionales fundamentales, lo que prácticamente impediría su aprobación. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, enfrenta así otro obstáculo significativo para sacar adelante esta iniciativa.

El proyecto busca reformar la ley creada en 2005 para la desmovilización de grupos paramilitares, ampliando su alcance para incluir narcotraficantes y cabecillas criminales. Según información revelada por El Tiempo, la propuesta contempla:

Los cabecillas que hayan cumplido entre cinco y ocho años de prisión por delitos anteriores a la expedición de la ley podrían acceder a la libertad condicional. Aquellos que no están en prisión y se sometan a la normativa pagarían entre cinco y ocho años, con posibilidad de reclusión en colonias agrícolas, casas étnicas o centros de armonización, independientemente de la gravedad del delito.

El proyecto establece que las personas sometidas no podrían ser extraditadas “para proteger los derechos de las víctimas”. Además, de los bienes entregados por las organizaciones delincuenciales, un 15% sería para proyectos colectivos de exintegrantes, 65% para reparación de víctimas y 20% para proyectos sociales estatales.

La iniciativa podría beneficiar a criminales como alias ‘Chiquito Malo’, actual máximo jefe del Clan del Golfo, y los ocho jefes de organizaciones criminales que operan en el Valle de Aburrá, quienes acompañaron al presidente Petro en el evento público conocido como ‘tarimazo’ en Medellín.

El exmagistrado de la Corte Suprema, Jaime Arrubla Paucar, advirtió que esta iniciativa crea una asimetría en el sistema penal, donde “grandes delincuentes sindicados y condenados por grandes delitos van a salir libres, mientras delincuentes menores pagarán penas mucho más altas”.

Rafael Nieto Loaiza, exviceministro de Justicia, consideró que la propuesta fracasaría porque “es equivocado pensar que la entrega de beneficios a los criminales trae aparejada la posibilidad de la paz”. Señaló que el problema de fondo es la vinculación de estas estructuras con el narcotráfico, “un negocio sumamente rentable sobre el cual el Gobierno no hace acciones efectivas”.

El senador Carlos Motoa Solarte, integrante de la Comisión Primera donde llegaría la iniciativa, expresó su “desconcierto” por el interés gubernamental de “generar privilegios y beneficios a integrantes del narcotráfico y bandas criminales”.

El parlamentario de Cambio Radical señaló que la propuesta “no cumple con los lineamientos en política criminal de reparación a las víctimas y violenta de manera grave las estructuras de una democracia y una República”.

Montealegre anunció el pasado 1 de julio la presentación del estatuto que desarrollará la Política de Paz Total para el 20 de julio. El ministro enfatizó que “no habrá impunidad para ningún grupo” y que será “un proceso de equilibrio entre la paz y la justicia”.

La controversia surge en el marco de la llamada paz total promovida por el presidente Petro, que busca negociar con diferentes grupos armados y organizaciones criminales del país.

Con información de Nuevo Siglo, Bluradio y El Tiempo