La Corte Constitucional le ordenó a la Fiscalía General de la Nación implementar correctivos para agilizar los procesos de extinción de dominio, luego de constatar demoras injustificadas en un caso que lleva más de 4 años sin decisión definitiva.

El alto tribunal estudió una acción de tutela presentada por un ciudadano a quien la Fiscalía 58 de Extinción de Dominio le inició dicho proceso en 2019 por presunto lavado de activos, pero solo hasta mediados de 2022 radicó la demanda respectiva para continuar el trámite.

Ante esto, la Corte determinó que la Fiscalía no puede prolongar indefinidamente la etapa de investigación en procesos de extinción de dominio y que es necesario decidir en un plazo justificado si procede o no la acción legal.

Además de esto, el accionante también es investigado penalmente desde 2019 por los mismos hechos, en un proceso donde igualmente se ha excedido el término para formular la imputación de cargos.

Por ello, la Corte le ordenó a la Fiscalía adoptar una resolución de fondo en máximo 30 días en esta indagación preliminar y exhortó a la Procuraduría a constituir una agencia especial en este caso.

Asimismo, el alto tribunal instó al ente investigador a establecer parámetros que permitan detectar demoras injustificadas en procesos de extinción de dominio, para garantizar la eficiencia y no vulnerar derechos.

Desde la Fiscalía indicaron que acatarán las recomendaciones para impulsar estas investigaciones clave en la recuperación de bienes de origen ilícito.