La Corte Constitucional de Colombia ha emitido una orden para proteger los derechos fundamentales de 578 mujeres recluidas en la cárcel El Pedregal de Medellín, tras una tutela que denunciaba graves deficiencias en la calidad, cantidad e higiene de los alimentos proporcionados.

La Sala Quinta de Revisión determinó que el Ministerio de Justicia, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Dirección del Complejo Penitenciario y Carcelario de Medellín (Coped) no han garantizado adecuadamente los derechos a la vida, integridad, salud y alimentación de las reclusas.

En su sentencia, el tribunal enfatizó: “La privación de la libertad no debe anular los derechos fundamentales y humanos”. Esta declaración subraya la responsabilidad del Estado en mantener condiciones dignas para la población carcelaria.

La investigación reveló que solo uno de los tres ranchos de alimentos del complejo estaba operativo, y con severas deficiencias. El rancho de Media Seguridad fue clausurado por la Secretaría de Salud hace más de un año, mientras que el de Alta Seguridad, que abastece a todas las internas, enfrenta problemas críticos de infraestructura, ventilación y sanidad.

Como respuesta, la Corte ha ordenado a la Uspec y al Inpec, bajo la supervisión del Ministerio de Justicia, diseñar y ejecutar un plan en un plazo de seis meses para mejorar la infraestructura de los ranchos. Este plan debe resolver los problemas identificados y cumplir con las normas de la Secretaría de Salud y los estándares de la Uspec.

Adicionalmente, se ha instruido a la Uspec y al contratista Unión Temporal Alimentación Integral a adoptar medidas inmediatas para garantizar una correcta prestación del servicio de alimentación, cumpliendo con los requisitos de cantidad, calidad, menú y horario de entrega.

En un desarrollo paralelo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha implementado medidas para aliviar el hacinamiento en las estaciones de policía de la ciudad. Pablo Yamid Ramírez Peña, director de la cárcel El Pedregal, anunció: “Va a recibir al 50% de las femeninas que hoy están en las estaciones de Policía para poderle brindar a esta población femenina con orden judicial una atención inmediata oportuna en el establecimiento de reclusión, con acceso a los servicios obviamente de oportunidad y calidad en alimentación”.

Por su parte, Carlos Alberto Arcila Valencia, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, informó sobre las brigadas de consultorías jurídicas intensivas que se realizarán: “Vamos a avanzar en la situación jurídica y psicosocial de manera intensa, vamos a atender toda la situación de aquellas personas que ya han cumplido pena y que se hace necesario ir avanzando para lograr quemarme el hacinamiento”.