La Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional de Colombia ha documentado las graves afectaciones que sufren los excombatientes en las regiones noroccidental y suroccidental del país. Entre el 23 de agosto de 2023 y el 19 de julio de 2024, la Sala Especial constató la persistencia de riesgos inminentes y extremos para los excombatientes tanto en los espacios de reincorporación como en otras áreas.

La Corte ha expresado preocupación por la situación en el sur del país, destacando las amenazas, homicidios y atentados que obligan a los firmantes del acuerdo de paz a considerar el abandono de sus territorios, proyectos productivos y formas de sustento. La Sala Especial ha sido enfática en asegurar que los crímenes cometidos contra esta población ya han sido registrados y remitidos a las autoridades competentes.

La Corte Constitucional ha destacado la necesidad de un funcionamiento integral y coordinado de los planes de seguridad pública para proteger a los excombatientes. En consecuencia, ha ordenado a los ministros de Defensa e Interior, así como al Comando General de las Fuerzas Militares, tomar acciones concretas para garantizar la seguridad y prevenir la victimización de los excombatientes.

La Corte también ha instado a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía a acelerar las investigaciones y judicializaciones de los crímenes cometidos contra los excombatientes. Asimismo, se ha ordenado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) reevaluar el riesgo en las Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva e implementar medidas de seguridad adecuadas.

El contexto de violencia contra los excombatientes es preocupante, ya que estos individuos se encuentran en un proceso de reincorporación a la vida civil tras el acuerdo de paz firmado en 2016. La persistencia de amenazas y ataques pone en riesgo no solo sus vidas sino también la estabilidad y sostenibilidad de los procesos de paz y desarrollo en las regiones afectadas.