La Corte Constitucional decidió asumir el conocimiento del decreto 0639 que convoca a consulta popular, después de determinar su competencia para estudiar la norma con base en el artículo 241 de la Constitución. El magistrado sustanciador Jorge Enrique Ibáñez profirió el auto 001 dentro del expediente, iniciando formalmente el trámite de control constitucional.

El alto tribunal justificó su competencia en el artículo 241 constitucional, que faculta a la Corte para adelantar estudios por vicios en la convocatoria y realización de consultas populares. “El suscrito magistrado sustanciador debe asumir el conocimiento del presente asunto y, con ello, iniciar el trámite del proceso de control de constitucionalidad en los términos de la citada norma constitucional”, declaró Ibáñez en su decisión.

La determinación establece que el análisis de fondo sobre el asunto y el alcance de la competencia corresponderá a la Sala Plena de la Corte, manteniendo así el procedimiento establecido para este tipo de revisiones constitucionales.

La Corte aclaró que asumir conocimiento no afecta las competencias del Consejo de Estado, donde actualmente se tramitan varias demandas de nulidad contra el decreto y la demanda sobre excepción de inconstitucionalidad que resultó en la suspensión provisional de la norma. Ambos procesos avanzarán de manera simultánea sin generar conflicto jurisdiccional.

El magistrado Ibáñez rechazó la solicitud del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien había pedido que la Corte ordenara la remisión de todas las demandas que cursan en el Consejo de Estado. La decisión privilegió el respeto a la autonomía institucional y el diseño constitucional establecido.

“Sobre la base de reconocer las competencias del Consejo de Estado y su ejercicio legítimo por dicha Corporación, el suscrito magistrado sustanciador considera que no es necesario suscitar un conflicto de competencias entre autoridades de diferentes jurisdicciones”, señala el auto emitido por la Corte.

La Corte Constitucional decretó diversas pruebas para adelantar el estudio constitucional del decreto de consulta popular. Entre las diligencias ordenadas se encuentra la solicitud al Senado de copia de las actas del concepto previo donde se negó la consulta popular, documento clave para el análisis que realizará el tribunal.

Adicionalmente, la Corte requirió el concepto de la Procuraduría General de la Nación sobre la cuestión planteada, cumpliendo con el procedimiento establecido para este tipo de revisiones constitucionales que involucran mecanismos de participación ciudadana.

Con información de wradio y caracol radio