La Corte Constitucional aprobó la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria y Rural tras su revisión automática de constitucionalidad, eliminando dos artículos y estableciendo condiciones específicas para otros dos. La norma, impulsada por el Gobierno Nacional, busca fortalecer el acceso a la justicia en el sector rural colombiano.

El máximo tribunal constitucional realizó el análisis obligatorio que debe efectuar antes de la entrada en vigencia de cualquier ley estatutaria. La Corte confirmó que el Congreso de la República cumplió con todos los requisitos procedimentales exigidos: presentación adecuada del proyecto, debate ordenado y aprobación con las mayorías constitucionales requeridas.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar fue el ponente de la sentencia que resolvió la revisión de constitucionalidad de esta importante iniciativa legislativa para el sector agropecuario.

La Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 4 y 5 de la ley al determinar que no guardaban relación directa con el objeto principal de la norma. Estas disposiciones contenían modificaciones a la estructura y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, aspectos que el tribunal consideró ajenos al propósito central de crear y organizar la jurisdicción especializada agraria y rural.

Esta decisión se fundamentó en el principio constitucional de unidad de materia, que exige coherencia temática en las leyes para garantizar claridad normativa y facilitar el debate democrático en el Congreso.

El artículo 3 de la ley fue declarado constitucional bajo el entendido de que modifica el artículo 12 de la Ley 270 de 1996, actualizada en 2024. Esta precisión busca evitar conflictos normativos y asegurar la correcta interpretación de las disposiciones.

Respecto al artículo 8, que regula los procesos de selección de funcionarios judiciales, la Corte estableció condiciones específicas. Los concursos para elegir jueces y magistrados de la jurisdicción agraria deberán incorporar conocimientos sobre derechos fundamentales del campesinado, perspectivas de género y enfoques territoriales.

Además, estos procesos selectivos deberán garantizar igualdad de oportunidades para mujeres, comunidades campesinas, grupos étnicos y víctimas del conflicto armado, reconociendo la diversidad y las particularidades del contexto rural colombiano.

Los artículos 1, 2, 6, 7, 9, 10 y 12 fueron declarados completamente constitucionales sin condicionamientos. Estas disposiciones establecen los fundamentos de la nueva jurisdicción especializada, sus competencias y los mecanismos para su funcionamiento efectivo.

Tras la decisión de la Corte Constitucional, la ley ha sido enviada al presidente Gustavo Petro para su sanción definitiva. Una vez firmada por el mandatario, la norma entrará en vigor y comenzará su implementación en todo el territorio nacional.

Con información de wradio