La Sala Plena de la Corte Constitucional ha declarado inexequibles dos artículos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que regulaban la administración de bienes incautados al crimen organizado, en una decisión que podría tener importantes repercusiones en la lucha contra las redes criminales en Colombia.

Por unanimidad, el alto tribunal determinó que los artículos 211 y 212 de la Ley 2294 de 2023 son inconstitucionales. Estas disposiciones establecían medidas para la gestión de los bienes del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO).

“Las medidas introducidas en estos artículos no guardan una conexión directa con las políticas de inversión pública y carecen del propósito de planificación requerido de una ley de un PND”, argumentó la Corte en su decisión. Este pronunciamiento señala que modificaciones de tal envergadura deben tramitarse a través del proceso legislativo ordinario, no mediante el Plan Nacional de Desarrollo.

Los artículos en cuestión buscaban impedir la prescripción adquisitiva sobre los bienes del FRISCO y mantener vigentes las medidas cautelares en procesos de extinción de dominio hasta su conclusión definitiva.

Estas disposiciones afectaban directamente a los bienes sobre los cuales se ha declarado la extinción de dominio mediante sentencia firme, así como aquellos sujetos a medidas cautelares dentro del proceso de extinción.

Periodo de transición

En una decisión que refleja la complejidad del asunto, la Corte ha optado por diferir los efectos de su fallo hasta el 20 de junio de 2025, coincidiendo con el final de la actual legislatura. Esta prórroga tiene como objetivo permitir que el gobierno y el Congreso desarrollen y aprueben las reformas necesarias al régimen de extinción de dominio a través de los canales legislativos apropiados.

“Este periodo de transición es crucial para evitar un vacío jurídico que podría ser aprovechado por las redes criminales”, explican expertos en derecho constitucional consultados sobre el tema.