La Corte Constitucional de Colombia ha programado una audiencia pública para el próximo 7 de octubre con el objetivo de evaluar la constitucionalidad de la ley que otorga a los departamentos el monopolio de la producción de licores, incluyendo el aguardiente. La decisión surge a raíz de una demanda presentada contra esta norma, que establece una protección especial para el aguardiente colombiano y permite a los departamentos suspender la expedición de permisos para la introducción de aguardiente nacional o extranjero en sus respectivas jurisdicciones.

La norma en cuestión establece que la suspensión de la expedición de permisos tiene un límite máximo de seis años y solo se puede aplicar si se considera que el producto representa una amenaza de daño. Sin embargo, la Corte busca determinar cómo se debe proceder en relación con el monopolio rentístico y el recaudo fiscal que proviene de la producción y venta de aguardiente.

La revisión de esta norma es crucial, ya que podría tener un impacto directo en el mercado de licores, especialmente en el segmento del aguardiente. En caso de que la Corte decida eliminar esta norma, los departamentos perderían la capacidad de restringir la introducción de otras marcas de aguardiente, lo que abriría el mercado a nuevas opciones tanto nacionales como extranjeras. Esto podría representar un cambio significativo en la comercialización de este licor tradicional en el país.

Con información de bluradio