Contraloría investiga contrato del Icetex por $18.000 millones para aplicación móvil

Por: Maria Jose Salcedo

1 octubre, 2025

Contraloría investiga contrato del Icetex por $18.000 millones para aplicación móvil

La Contraloría General de la República solicitó al Icetex toda la documentación relacionada con un contrato cercano a los $18.000 millones, destinado al desarrollo de una aplicación móvil, tras recibir una denuncia sobre la publicación del anexo técnico de este proceso de contratación.

El requerimiento, fechado el 30 de septiembre de 2025 y firmado por Andrey Geovanny Rodríguez León, contralor delegado para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, fue dirigido al presidente del Icetex, Álvaro Hernán Urquijo, y al jefe de Control Interno de la entidad, Juan Carlos Ramírez.

Objetivo de la aplicación móvil

De acuerdo con el documento, el contrato busca implementar una “solución tecnológica innovadora” que permita a los usuarios acceder, gestionar y realizar transacciones de manera segura desde cualquier lugar. La herramienta integraría servicios financieros, educativos y de acompañamiento institucional en una sola plataforma digital.

Documentos requeridos

El organismo de control fiscal ordenó al Icetex remitir, en un plazo de tres días hábiles, la siguiente información:

1. Estudios previos y de mercado, análisis de necesidad, pliegos de condiciones y anexos técnicos.
2. Informe detallado sobre el análisis de las ofertas digitales presentadas.
3. Copias electrónicas completas del contrato suscrito y de interventoría.
4. Explicación sobre la estructura de costos, además de los mecanismos aplicados para garantizar la correcta utilización de los recursos públicos, en especial la efectividad del mecanismo de subasta inversa utilizado.

La Contraloría advirtió que la falta de entrega de los documentos solicitados o el incumplimiento del plazo establecido podría dar lugar a la apertura de un proceso administrativo sancionatorio fiscal.

El requerimiento hace parte de las acciones de vigilancia preventiva y control sobre el uso de recursos públicos, en un contexto en el que se han intensificado las denuncias sobre presuntas irregularidades en la contratación de plataformas tecnológicas en entidades del Estado.