La Contraloría General de la República realizó una visita al municipio de Piojó, Atlántico, para evaluar el avance en la reconstrucción del casco urbano tras el deslizamiento de tierra ocurrido el 22 de noviembre de 2022. Durante la inspección, el Vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga Pardo, verificó que 150 familias damnificadas continúan sin soluciones concretas por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a pesar de haber transcurrido más de dos años desde la tragedia.

Durante la visita, Zuluaga solicitó información sobre los estudios de geotecnia para determinar el estado del suelo y evaluar la viabilidad del reasentamiento de las familias afectadas. “Si el estudio arroja que no se puede reconstruir en la zona del deslizamiento, hay que definir dónde se trasladarán las familias y bajo qué condiciones”, afirmó el Vicecontralor.

Asimismo, expresó preocupación por la falta de subsidios para los damnificados. “Luego de dos años, la comunidad sigue esperando su vivienda y, además, no se están entregando los subsidios. Se hizo una depuración del censo y es necesario esclarecer por qué algunas familias han perdido estos beneficios”, señaló.

Falta de presencia institucional

El Vicecontralor también cuestionó la ausencia física de representantes de la UNGRD durante la visita, calificándola como una muestra de desinterés en la resolución de la problemática. “Estas situaciones ameritan la presencia institucional con soluciones concretas para una población en situación de vulnerabilidad manifiesta”, subrayó.

En respuesta, la UNGRD participó en una mesa de trabajo virtual, en la que se establecieron tres compromisos fundamentales:

1. Entrega del estudio técnico: Se proporcionará el estudio geotécnico para determinar si el terreno del desastre sigue representando un riesgo alto, mediano o moderado, lo que definirá la posibilidad de retorno de las familias o la necesidad de un reasentamiento en otro lugar.

2. Revisión del retiro de subsidios: La UNGRD deberá explicar las razones por las cuales algunos damnificados están en riesgo de perder el subsidio de arrendamiento. La Contraloría enfatizó que la condición de damnificado solo se pierde cuando hay una reparación integral, por lo que retirar estos beneficios sin justificación podría ser un “error craso”.

3. Presentación del Plan Integral de Intervención: La UNGRD deberá entregar un cronograma detallado con fechas, tiempos y actividades que permitan hacer un seguimiento a las acciones de recuperación en Piojó, garantizando que las familias afectadas puedan recuperar sus condiciones de vida digna.

Seguimiento y expectativas

La Contraloría General aseguró que continuará realizando un seguimiento riguroso al cumplimiento de estos compromisos. “Esperamos que la UNGRD responda con soluciones claras y en un tiempo razonable”, concluyó Zuluaga.

Las familias damnificadas en Piojó esperan que estas gestiones conduzcan a respuestas concretas y a la pronta reconstrucción de sus viviendas, luego de más de dos años de incertidumbre tras el desastre natural.