Los contralores de varios departamentos de la región Caribe colombiana han anunciado una medida legal en respuesta a la creciente crisis energética que afecta a la zona. En un esfuerzo conjunto, las Contralorías del Atlántico, Santa Marta y Valledupar presentarán una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Cesar, buscando una solución integral a las elevadas tarifas de energía que afectan a los usuarios de la región.

Yadira Morales, contralora del Atlántico, ha sido vocal en señalar las deficiencias institucionales que han contribuido a esta crisis. Según Morales, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) se encuentra actualmente inoperante debido a la falta de expertos, lo que ha llevado a solicitar al Gobierno nacional la designación urgente de comisionados para este organismo clave.

Las autoridades de control han puesto su mira en Air-e, la empresa que suministra energía en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira. Los contralores han solicitado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) que intervenga y tome posesión de Air-e, alegando incumplimientos en inversiones necesarias y el traslado indebido de costos a los usuarios a través de tarifas más altas.

La situación no se limita a Air-e. Afinia, responsable del suministro en Sucre, Cesar y Bolívar, también está bajo escrutinio por presuntas irregularidades en su operación. Los contralores han pedido un pronunciamiento de la Superservicios sobre un posible caso de corrupción registrado a principios de este año.

Este movimiento legal se suma a acciones previas tomadas por los contralores del Caribe. En el primer semestre de 2024, presentaron una acción de nulidad ante el Consejo de Estado contra el régimen especial tarifario de energía, buscando invalidar la resolución 10 de 2020 de la Creg.

La gravedad de la situación ha llevado a los contralores a solicitar no solo la intervención sino también la posible liquidación de Air-e. Acusan a la empresa de apropiarse indebidamente de recursos públicos destinados al alumbrado público para financiar la prestación del servicio de energía eléctrica, lo que podría constituir un delito de “omisión de agente recaudador”.

Por su parte, Air-e ha respondido rechazando categóricamente estas acusaciones, calificándolas de malintencionadas. La empresa asegura haber cumplido con la entrega de los recursos recaudados y ha presentado pruebas de los giros realizados a las entidades correspondientes.