El Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional se reunió este lunes a las cuatro de la tarde para definir la situación rectoral de la institución, en medio de una controversia que se mantiene desde mediados de 2024.

Durante la sesión, los consejeros aprobaron por mayoría la renuncia de Leopoldo Múnera al cargo de rector de la Universidad Nacional. Esta decisión representa un nuevo capítulo en el conflicto institucional que ha rodeado la dirección de una de las principales instituciones educativas del país.

Múnera había asumido la rectoría en junio de 2024, en una designación que posteriormente fue objeto de cuestionamientos legales y administrativos.

Uno de los puntos centrales de la agenda del Consejo Superior fue la valoración de los fallos emitidos por el Consejo de Estado que ratifican a Ismael Peña como rector legítimo de la Universidad Nacional. Estos pronunciamientos judiciales han sido determinantes en el desarrollo del caso.

Durante la sesión se realizó una exposición detallada de las sentencias del alto tribunal administrativo, mientras Peña presentó una petición formal para que se dé cumplimiento al auto que lo designa como rector de la institución.

En el transcurso de la reunión, el profesor Diego Torres, en su calidad de representante profesoral, presentó una recusación contra varios consejeros. El argumento de Torres se basó en que estos miembros habían participado en la sesión de junio de 2024, cuando se designó a Leopoldo Múnera como rector.

El conflicto por la rectoría de la Universidad Nacional se originó tras la designación de Múnera en junio de 2024. Posteriormente, el Consejo de Estado emitió fallos que reconocían a Ismael Peña como el rector legítimo de la institución, generando una situación de incertidumbre sobre la dirección universitaria.

Esta dualidad administrativa ha mantenido en suspenso a la comunidad académica durante varios meses, afectando la gobernabilidad de una de las universidades más importantes de Colombia.

La reunión del Consejo Superior Universitario se extendió con el análisis pormenorizado de los pronunciamientos judiciales y las implicaciones administrativas de los mismos. Los consejeros debieron evaluar no solo la renuncia presentada por Múnera, sino también las obligaciones legales derivadas de las sentencias del Consejo de Estado.

Con información de caracol radio