El Consejo de Estado colombiano ha admitido una demanda que busca anular la Resolución 051 de 2023, la cual reglamenta la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 24 de gestación. Esta acción legal, presentada por el concejal Marco Acosta y el activista David Gerardo Cote, argumenta que el Ministerio de Salud excedió sus competencias al regular este procedimiento médico.

Los demandantes sostienen que la cartera de Salud “usurpó funciones del Congreso” al reglamentar mediante una resolución administrativa aspectos que, según la Constitución de 1991, deberían ser regulados por una ley especial. Entre los puntos controvertidos destaca la regulación de la objeción de conciencia para profesionales de la salud y las disposiciones sobre la patria potestad en casos de menores de edad.

“El Ministerio, sin ningún sustento legal, vulneró el principio de legalidad”, señala el documento de la demanda, enfatizando que la reglamentación de derechos fundamentales debe realizarse “por vía de una ley especial y no por una resolución”.

La Resolución 051, expedida en enero de 2023 durante la gestión de Carolina Corcho como ministra de Salud, fue una respuesta directa a la histórica sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional. Esta decisión judicial despenalizó el aborto hasta los seis meses de gestación, marcando un hito en los derechos reproductivos en Colombia.

Esta no es la primera acción legal contra la regulación del aborto en el país. El pasado 17 de septiembre, el mismo tribunal admitió otra demanda relacionada con la Circular 2024150000000009-5 de la Superintendencia Nacional de Salud, que establece directrices para garantizar el acceso a la IVE.

Es importante recordar que antes de la sentencia C-055, el aborto solo era legal bajo tres causales específicas:

1. Riesgo para la vida de la madre
2. Malformación del feto
3. Embarazo resultado de abuso sexual

La nueva normativa permite el acceso sin restricciones hasta la semana 24, manteniendo las causales anteriores para gestaciones más avanzadas.

La admisión de esta demanda abre un nuevo capítulo en el debate sobre los derechos reproductivos en Colombia. El Consejo de Estado deberá evaluar si la reglamentación administrativa del Ministerio de Salud se ajusta a los principios constitucionales y si era la vía adecuada para regular un tema tan sensible como el acceso al aborto.