Un grupo de aproximadamente 25 congresistas interpuso una Acción Popular contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por la expedición del Decreto No. 0069 de 2025, que ordena el aplazamiento de más de 4 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación.

Según los demandantes, esta medida afectaría directamente proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el país, entre ellos el Metro de Bogotá, el Metro de Medellín y diversas vías nacionales calificadas como prioritarias.

“El Gobierno está jugando con el futuro de millones de colombianos. Este decreto es una amenaza directa a proyectos vitales para la movilidad y la seguridad del país”, afirmó la representante por Alianza Verde, Katherine Miranda, quien lidera la iniciativa legal.

Los congresistas argumentan que el decreto vulnera los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público, ya que su implementación podría generar incumplimientos en compromisos previamente adquiridos y desencadenar millonarias demandas contra el Estado colombiano.

“Estamos hablando de obras claves en Bolívar, en Antioquia y en Bogotá, como el Túnel del Toyo, como el Canal del Dique y como el Metro de Bogotá, que ahora están en riesgo porque el gobierno juega con la estabilidad financiera del país. Esto no es un simple reajuste, es un atentado contra el desarrollo de nuestro país”, agregó la representante Miranda.

Paralelamente, al proceso judicial principal, los legisladores solicitaron una medida cautelar para la suspensión provisional del Decreto, con el objetivo de garantizar que los recursos continúen asignados a los proyectos estratégicos mientras se resuelve la acción legal de fondo.

La decisión del tribunal competente sobre la medida cautelar solicitada y el curso que tomará esta Acción Popular podría definir el futuro inmediato de importantes obras de infraestructura nacional que ya se encuentran en distintas fases de ejecución.

Con información de caracol radio