El Gobierno de Abelardo de la Espriella lanzó una polémica ofensiva de control a migrantes, iniciando operativos en Barranquilla para identificar a extranjeros en situación irregular. Aunque la medida prioriza a presuntos delincuentes, el Ministerio del Interior aclaró que no se deportará a venezolanos regularizados, buscando calmar la incertidumbre generada por el lenguaje presidencial.

Durante un consejo de seguridad en la capital del Atlántico, De la Espriella ordenó a Migración Colombia —ahora dirigida por el coronel (r) José Luis Castañeda— coordinar con la Policía los primeros controles. El mandatario fue tajante al resumir su enfoque: “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, añadiendo que “aquí no voy a aceptar migración ilegal”.

Sin embargo, ante el repudio de sectores sociales, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, salió a precisar la estrategia. En diálogo con Caracol Televisión, Lara explicó que el control a migrantes apunta fundamentalmente a desmantelar redes criminales que operan en el Darién. Estas estructuras se lucran cobrando a viajeros para cruzar hacia Centroamérica y Estados Unidos. “Colombia no puede convertirse en el punto de paso (…) para que crucen el Darién pagándole a los delincuentes”, subrayó.

La principal preocupación giraba en torno a la población venezolana. Lara hizo una distinción clave: quienes cuentan con el Permiso por Protección Temporal (PPT) o están bajo protección legal no serán etiquetados como ilegales ni expulsados. “Los venezolanos que llegaron básicamente a Colombia y que recibieron este régimen de protección (…) no son migrantes ilegales de ninguna manera”, enfatizó el funcionario.

Pese a la aclaración, Ronald Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, indicó que el mensaje original del presidente generó un “alto nivel de incertidumbre”. El académico criticó la retórica agresiva: “Hablar de ilegales y poner casi al mismo nivel a criminales e irregulares fue un mensaje que golpeó mucho a un grupo humano que ha visto cómo en la región les cierran la puerta”. Recordó que Colombia ha sido ejemplar en política migratoria gracias a instrumentos como el Estatuto Temporal de Protección (ETPV), creado en la gestión de Iván Duque, que regularizó a más de 1,9 millones de personas.

Los datos de Migración Colombia revelan un panorama complejo: de 2.845.791 migrantes venezolanos en el país, 1.968.180 están regularizados con el PPT, 320.369 en trámite, 29.717 con otra condición y 527.525 en irregularidad. Esto significa que más de 800.000 personas oscilan entre la legalidad y la ausencia de papeles.

Rodríguez alertó que quienes figuran en “proceso de regularización” podrían ser tratados en la práctica como irregulares durante los operativos. El experto considera que el presidente cedió a la presión de datos de seguridad en Barranquilla, continuando una línea nociva para la integración. El verdadero desafío llegará en 2031, cuando venza el ETPV y la administración deba transitar hacia mecanismos de permanencia ordinarios sin fracturar la cohesión social.