El recrudecimiento de la confrontación armada entre disidencias de las extintas Farc y la guerrilla del ELN en la región del Catatumbo provocó un nuevo desplazamiento masivo de población campesina hacia el casco urbano de Tibú, en Norte de Santander. En las últimas horas, al menos 187 personas tuvieron que abandonar sus hogares en medio de los enfrentamientos, una situación que superó la capacidad administrativa y financiera del municipio para atender la emergencia humanitaria.

Los hechos se registraron hacia las 3:00 de la madrugada en la vereda Palmeras, sobre la vía que comunica al casco urbano de Tibú con el corregimiento de La Gabarra. De acuerdo con la información oficial, los combates se desarrollaron en inmediaciones de zonas habitadas, lo que dejó a la población civil en medio del fuego cruzado y obligó a las familias a huir de manera inmediata para proteger sus vidas.

El alcalde de Tibú, Richar Claro, confirmó la gravedad de la situación y señaló que varias familias lograron salir durante la noche hacia el casco urbano tras quedar atrapadas en los enfrentamientos. Según explicó, la administración municipal activó de forma inmediata los protocolos de emergencia y procedió a realizar la caracterización de las personas desplazadas para garantizar una atención inicial.

El censo preliminar elaborado por las autoridades locales estableció que el desplazamiento afectó a 60 núcleos familiares, conformados por 187 personas. Dentro de este grupo se encuentran 69 menores de edad, entre los cero y los 17 años, lo que incrementa el nivel de vulnerabilidad y la urgencia de una respuesta institucional articulada.

No obstante, el mandatario local advirtió que la capacidad del municipio se encuentra al límite debido a la recurrencia de emergencias similares durante el último año. Según indicó, los recursos destinados a la atención humanitaria ya se agotaron, lo que dificulta brindar una respuesta adecuada frente a este nuevo episodio de desplazamiento forzado.

“A la fecha ya no contamos con estos recursos y se nos hace bastante complicado poder tener capacidad para atenderlos. Por eso activamos los protocolos y las solicitudes de subsidiariedad ante el departamento, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Gobierno Nacional”, explicó el alcalde en declaraciones a W Radio.

El funcionario reiteró un llamado urgente a las entidades del orden departamental y nacional, así como a organizaciones que puedan sumarse a la atención humanitaria, con el fin de garantizar los derechos básicos de la población desplazada. De acuerdo con la administración municipal, muchas de estas familias han sido víctimas de desplazamientos reiterados en lo corrido del año, lo que ha profundizado sus condiciones de pobreza y desprotección.

** Vía Colprensa