A fin de frenar los aberrantes casos de explotación sexual contra menores que se han registrado en Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón propuso demoler hoteles, casas u otros inmuebles donde se demuestre la comisión de estos delitos.

“Estamos explorando también la posibilidad para que así como tumbamos domicilios donde se expende droga, también podamos tumbar sitios inmuebles desde donde se explota y se abusa de nuestros niños y a nuestros jóvenes”, declaró el mandatario regional en entrevista con Telemedellín.

Rendón calificó este flagelo como “un problema de seguridad metropolitano”, por lo que pretende articularse con los alcaldes de las diferentes localidades para implementar su drástica propuesta contra los espacios utilizados para la explotación infantil.

“Tenemos que contrarrestar ese hecho delictivo”, enfatizó el gobernador durante la reciente demolición de 13 casas de vicio en el municipio de Amagá, iniciativa que pretende extender a los casos de abuso sexual a menores.

Esta sugerencia surge luego del escándalo suscitado por el caso del estadounidense Timothy Alan Livingston, de 36 años, quien fue sorprendido ingresando a dos menores de edad al hotel Gotham de Medellín, presuntamente para abusar de ellas.

El detonante en la capital antioqueña generó una ola de indignación ciudadana que se ha visto reflejada en las drásticas medidas adoptadas por la Alcaldía para intentar frenar esta problemática.

Por un lado, el alcalde Federico Gutiérrez decretó la restricción del horario de servicio de bares, licoreras y otros establecimientos nocturnos hasta la 1:00 am por un mes, bajo el argumento de “mitigar estas alteraciones extraordinarias de seguridad relacionadas con la explotación sexual”.

“Hoy toda esa zona está controlada por estructuras criminales como ‘La Terraza’, ‘La Raya’, ‘Robledo’ y otra organización. Lo que hay es una red de trata de personas. Tenemos que controlar y recuperar la zona. Son medidas excepcionales”, advirtió Gutiérrez.

Pero además, la administración distrital prohibió por seis meses “la oferta y búsqueda de servicios sexuales o actividades relacionadas en espacios públicos” como El Poblado, Provenza y zonas aledañas, en un intento por conjurar esta grave problemática.

Las medidas, sin embargo, han generado críticas de gremios como Asobares Antioquia, que las calificó como “desproporcionadas” al afirmar que “el expendio y consumo de licor no tiene relación alguna con la explotación sexual”.

En este contexto surge ahora la drástica propuesta del gobernador Rendón, quien parece dispuesto a todo con tal de proteger a los menores antioqueños de las redes de explotación sexual infantil que operan en la región.