El Estado colombiano ha ganado un pleito internacional que tenía en juego la suma de más de un billón de pesos de la Nación por el caso Meritage. La victoria se logró gracias a la estrategia de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, liderada por Jhon Camargo, quien sostuvo que el ciudadano estadounidense Ángel Samuel Seda estaba financiando el pleito legal con dinero del narcotráfico.

El caso se refiere a un proyecto inmobiliario en terrenos a las afueras de Medellín que tenían un cuestionado historial de tierras debido a que le pertenecían a narcotraficantes y paramilitares. La Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio debido a que las tierras le pertenecieron a Iván López Vanegas, miembro del grupo criminal ‘La Oficina de Envigado’, y Héctor Restrepo, antiguo narcotraficante y paramilitar.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con la dirección de Jhon Camargo, sostuvo que el proceso de extinción de dominio es completamente legítimo y que el ciudadano estadounidense estaba financiando el pleito legal con dinero del narcotráfico. Esta estrategia permitió que el Tribunal de Arbitramento Internacional fallara a favor de Colombia, demostrando que el proceso de extinción de dominio es legítimo.

El fallo del Tribunal de Arbitramento Internacional es un hito en temas de arbitraje internacional, ya que es la primera vez que un Estado gana la ‘excepción de seguridad esencial’. Esto significa que Colombia se salvó de pagar la millonaria suma de dinero que demandaba Seda, y que los recursos de los colombianos están protegidos.

“Me costó un ‘jalón de orejas’ de la firma que me representa, que es GBS, de mi equipo de trabajo y de la Agencia, porque les pareció antitético que yo volviera a decirle al tribunal: ‘señores, aquí lo que está pasando es un tema de seguridad esencial, ustedes no pueden sorprendernos con un laudo que materializa una conducta de lavado de activos a favor de un narcotraficante’”, explicó Camargo.

La victoria para Colombia es un gran logro, ya que se protegieron los recursos de los colombianos y se demostró que el proceso de extinción de dominio es legítimo. Esto sentará un precedente importante en temas de arbitraje internacional y seguridad esencial.

Con información de wradio