El Ministerio de Minas y Energía anunció que evaluará una propuesta presentada por los gremios del sector para modificar el sistema de cobro en las facturas de electricidad del país. La iniciativa plantea estratificar las tarifas según el nivel de consumo en lugar del sistema actual basado en estratos socioeconómicos.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, calificó el sistema actual como “una injusticia histórica”. Según explicó, recursos del Presupuesto General de la Nación que deberían destinarse a educación y salud de los sectores más vulnerables terminan subsidiando a usuarios con capacidad económica para pagar el costo real de su consumo.

Palma señaló que algunos sectores buscan mantener el modelo vigente, el cual favorece a quienes más consumen y poseen mayor capacidad económica. “Nosotros no vamos a defender privilegios, defendemos el interés público. Los subsidios deben llegar a quienes realmente los necesitan, no a quienes siempre han tenido las ventajas del sistema”, afirmó el ministro.

José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), manifestó que los gremios han planteado dos prioridades. En el corto plazo, que el Gobierno se ponga al día con los recursos que las empresas ya han entregado a los usuarios y se apropien las partidas necesarias en los presupuestos para financiar los subsidios.

Para el mediano y largo plazo, Manzur indicó la necesidad de “corregir los problemas de focalización e inclusión, para que los subsidios les lleguen solamente a los usuarios más vulnerables”. El dirigente gremial explicó que para ello se deben considerar factores como el nivel de pobreza de los usuarios y el nivel de consumo, entre otros criterios.

Según Manzur, estos cambios podrían implementarse reglamentando lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo sin requerir una ley adicional. El presidente de Asocodis advirtió que “lo que más copa la cabeza de empresas es la deuda que tiene el Gobierno en el rubro subsidios. Es su máximo dolor de cabeza”.

La agencia calificadora Fitch Ratings emitió observaciones sobre las nuevas normas del mercado eléctrico colombiano, señalando que reducen la flexibilidad comercial de las generadoras y podrían presionar la rentabilidad y el apalancamiento durante períodos de escasez.

“Un cambio constante en las políticas, que prioriza el control de precios a corto plazo sobre la previsibilidad financiera, puede erosionar la visibilidad del flujo de caja y ejercer presión a la baja sobre las calificaciones”, indicó la firma.

Fitch advirtió que estas políticas podrían desincentivar la creación de nueva capacidad de generación eléctrica antes de la subasta de energía programada para el primer trimestre del próximo año, lo que aumentaría el riesgo de futuros desabastecimientos energéticos.

La calificadora también mencionó que los decretos recientes, orientados a reducir el costo de la electricidad para los hogares, han limitado los mecanismos que permiten a las generadoras equilibrar el riesgo y el costo ante fluctuaciones hidrológicas y condiciones de mercado.

Las nuevas políticas exigen que las generadoras vendan al menos 95% de la producción hidroeléctrica centralizada mediante contratos e introducen precios de escasez diferenciados con tope, que varían desde aproximadamente 900 pesos por kilovatio hora hasta 359 pesos por kilovatio hora para hidroeléctrica, carbón y renovables, en comparación con las centrales térmicas.

A finales de octubre, el Ministerio de Minas radicó un proyecto de ley para reformar las leyes 142 y 143 de 1994, buscando “garantizar la prestación eficiente, transparente y justa del servicio público de energía”. Entre los cambios propuestos figuran la redefinición de criterios para la entrega de subsidios, el establecimiento de tarifas diferenciales para usuarios vulnerables e industrias verdes, y la prohibición de cobros ajenos al servicio en la factura de energía.

Con información de la república