En los últimos meses, Colombia ha registrado un incremento significativo en los casos de violencia y homicidios contra niños, niñas y adolescentes, generando una profunda preocupación en la sociedad. Según los informes de Medicina Legal, entre abril y agosto de 2024, se contabilizaron 375 homicidios de menores, una cifra que continúa aumentando y que plantea interrogantes sobre la seguridad y protección de esta población vulnerable.

De acuerdo con datos de Medicina Legal, solo en abril de 2024 ya se registraban 177 homicidios de menores de edad. La cifra aumentó progresivamente, alcanzando 221 casos en mayo, 260 en junio, 313 en julio y cerrando en 375 para agosto. Este aumento exponencial refleja la gravedad de la violencia hacia los menores en el país, un problema que se ha visto ejemplificado en al menos siete casos reportados por la prensa nacional en octubre de 2024.

Uno de los incidentes que más conmoción ha causado en las últimas semanas es el caso de Sofía Delgado Zúñiga, una niña de 12 años que fue hallada sin vida en una zona rural de La Candelaria, Valle del Cauca. Sofía, quien había desaparecido a finales de septiembre, fue víctima de un asesinato brutal. El responsable, Brayan Campo, un vecino de la familia, fue detenido y enfrenta cargos de feminicidio agravado, secuestro y destrucción de evidencia, permaneciendo en reclusión mientras avanza el proceso judicial.

Otro caso de impacto fue el de Alexis Delgado, de apenas dos años, cuyo cuerpo fue hallado en Cundinamarca. El tío político del menor inicialmente declaró que Alexis había sufrido un accidente, pero la autopsia de Medicina Legal reveló signos de abuso y tortura, desmintiendo esta versión. El sospechoso, Carlos Herrán, enfrenta cargos por homicidio, tortura y abuso, aunque ha negado las acusaciones.

Aumento de casos de violencia

Según el último boletín de Medicina Legal de agosto, los casos de violencia contra menores han aumentado un 32,4 % en 2024 en comparación con el mismo período del año anterior. Durante los primeros ocho meses de este año, se registraron 5.297 casos de violencia, una cifra que afecta a diferentes edades: 1.039 corresponden a niños entre 0 y 5 años, 1.940 a menores de 6 a 11 años y 2.318 a adolescentes entre 12 y 17 años.

Los casos de violencia hacia menores no se limitan a un solo tipo de agresión; el espectro incluye homicidios, abusos, tortura y violencia vicaria, donde el maltrato se utiliza para causar daño emocional a los padres o tutores de los menores. Un ejemplo reciente de violencia vicaria fue el asesinato de dos hermanos de 4 y 7 años en Bogotá, donde el padre fue acusado de acabar con sus vidas durante un conflicto familiar.

Ante esta preocupante situación, expertos señalan que factores como la “normalización de la violencia” y problemas sociales y psicológicos inciden en la persistencia de estos crímenes. Lina María Saldarriaga, psicóloga y directora del programa Aulas en Paz de la Universidad de los Andes, resalta que “la falta de mecanismos de reporte eficientes y la lentitud de los procesos de restablecimiento de derechos” agravan la situación.

Polémica por propuesta de reducción de penas para agresores de menores

En medio de la crisis por la violencia contra menores, el Congreso colombiano discute una propuesta de reforma judicial que plantea la posibilidad de una rebaja de penas de hasta el 25 % para agresores de menores que acepten su responsabilidad. Esta medida busca reducir los tiempos procesales y la sobrecarga en el sistema judicial.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, defendió esta propuesta argumentando que “la aplicación de una pena efectiva, aunque sea reducida, podría tener un efecto más positivo para la comunidad”. Sin embargo, la propuesta ha generado controversia, ya que varios senadores consideran que la medida representa un retroceso en la protección de los derechos de los menores y podría incentivar la impunidad.

Por su parte, el abogado penalista Francisco Bernate sostiene que esta medida podría ser positiva para combatir la impunidad, dado que los procesos en el sistema judicial suelen ser largos y, en muchos casos, revictimizan a las víctimas al alargar los testimonios por varios años.