Bajo el lema “Niños, no soldados”, Colombia recuerda hoy el Día Internacional de las Manos Rojas, una fecha que busca visibilizar el reclutamiento infantil en el conflicto armado y honrar a las víctimas. Según datos oficiales, en 2025 se registraron 257 casos de menores reclutados por grupos armados ilegales, una cifra menor a los 651 casos de 2024, pero que sigue siendo una alarma para el país.

La conmemoración, instaurada tras la firma del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño en 2002, incluye actividades simbólicas como pintarse las manos de rojo, un gesto que representa el rechazo a la violencia y la exigencia de protección para la infancia.

El reclutamiento infantil: una amenaza persistente

Aunque las cifras muestran una reducción, el fenómeno persiste en nueve corredores críticos del conflicto, según la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Departamentos como Cauca, Guaviare, Caquetá, Meta, Chocó, Magdalena Medio, Norte de Santander y Arauca concentran los mayores riesgos, donde grupos armados ofrecen a los menores falsas promesas de ingresos rápidos y ascenso social.

La Defensoría del Pueblo advierte que las tácticas de reclutamiento se han sofisticado, incluyendo el uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería para captar a adolescentes. Plataformas como TikTok han sido identificadas como espacios donde se difunden mensajes de reclutamiento, lo que ha llevado a la Policía Nacional y al Ministerio de Tecnologías de la Información (MinTIC) a intensificar la vigilancia y eliminación de contenidos ilegales.

Homenaje en Bogotá y llamado a la acción

Este jueves, a las 11:00 a.m. en la Plaza de Bolívar, se realizará un acto simbólico en memoria de los menores afectados. La actividad, organizada por el Gobierno y organizaciones de derechos humanos, busca presionar por políticas más efectivas y recordar que, pese a los avances, el reclutamiento infantil sigue siendo una violación grave de los derechos humanos.

¿Qué se puede hacer?

• Denunciar: Cualquier caso sospechoso puede reportarse a la Defensoría del Pueblo o a la Policía Nacional.
• Educar: Padres y docentes deben alertar a los menores sobre los riesgos en redes sociales.
• Presionar: La sociedad civil exige al Estado mayor inversión en programas de prevención y reintegración para víctimas.