El gobierno colombiano ha anunciado que permitirá la participación de fuerzas estadounidenses en acciones militares conjuntas dirigidas a desarticular redes narcoterroristas. La declaración, hecha por el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, durante una rueda de prensa en Panamá, ha generado un intenso debate en el Senado, donde varios legisladores exigen la ratificación constitucional antes de cualquier despliegue de tropas extranjeras.

Según Hegseth, la iniciativa responde a la voluntad del recién investido presidente Abelardo de la Espriella, quien en su discurso de posesión el 7 de agosto subrayó la necesidad de “unir esfuerzos internacionales para enfrentar estructuras criminales de alcance global”. El funcionario del Pentágono afirmó que el Departamento de Defensa ya está listo para colaborar con Colombia en la destrucción de grupos armados y sus rutas de tráfico de drogas.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, reconoció desconocer los pormenores del anuncio y recordó que, conforme al artículo 173 de la Constitución, corresponde al Congreso autorizar el tránsito de personal militar extranjero. “Sin la aprobación legislativa, cualquier presencia foránea carece de fundamento legal”, puntualizó.

Por su parte, el senador del Centro Democrático Rafael Nieto valoró la cooperación, pero insistió en la necesidad de cumplir con los procedimientos constitucionales y con la autorización del Consejo de Estado. “La ayuda estadounidense puede potenciar nuestras capacidades, siempre que se respete el marco jurídico”, declaró.

En la oposición, el senador Iván Cepeda calificó la medida como “un golpe a la soberanía nacional” y advirtió sobre posibles repercusiones diplomáticas. La senadora Jennifer Pedraza, a su vez, presentó un derecho de petición a los ministerios de Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, solicitando información detallada sobre el alcance del acuerdo y la forma en que se garantizará el cumplimiento de la normativa interna.

No todas las voces fueron críticas. El expresidente Álvaro Uribe Vélez respaldó la iniciativa, resaltando que la asistencia estadounidense en equipamiento, tecnología e inteligencia fortalecerá a las Fuerzas Armadas colombianas y contribuirá a “recuperar la autoridad del Estado en zonas afectadas por el narcoterrorismo”. Asimismo, la representante del partido Salvación Nacional, Carol Borda, manifestó su apoyo, argumentando que “colaborar con aliados internacionales es esencial para enfrentar a los terroristas”.

Incógnitas sobre el alcance real

Hasta el momento, no se ha confirmado si la cooperación implicará el ingreso de tropas estadounidenses al territorio nacional o si se limitará a un refuerzo de los mecanismos de coordinación ya existentes. Hegseth publicó en su cuenta de X una imagen junto al ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora, con el mensaje: “Lanzamos un nuevo capítulo en la cooperación de defensa entre EE. UU. y Colombia”. Sin embargo, la falta de detalles ha alimentado la incertidumbre entre los legisladores y la opinión pública.

El gobierno de De la Espriella no ha respondido a las solicitudes de información realizadas por este medio, por lo que la situación permanece en suspenso mientras el Senado evalúa la propuesta. De confirmarse la autorización, Colombia se integraría oficialmente a la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C), una alianza liderada por Washington para combatir el narcotráfico a nivel regional.

El debate en el Congreso pone de relieve la tensión entre la necesidad de reforzar la lucha contra el narcotráfico y la defensa de la soberanía nacional. La decisión que tome el Senado en los próximos días determinará el rumbo de la cooperación militar con Estados Unidos y podría marcar un hito en la estrategia de seguridad del país.