La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a cinco altos oficiales del Ejército —entre ellos los generales retirados Iván Ramírez Quintero y Rito Alejo del Río Rojas— por el delito de genocidio contra la Unión Patriótica (UP). El tribunal concluyó que la persecución sistemática contra este partido tuvo la intención deliberada de destruirlo y, por tanto, calificó los hechos como genocidio conforme al artículo 101 del Código Penal.

La decisión responsabiliza a miembros de la fuerza pública que, en alianza con estructuras paramilitares, participaron en crímenes de guerra, homicidios de personas protegidas, desapariciones forzadas y múltiples violaciones de derechos humanos ocurridas principalmente entre las décadas de 1980 y 1990.

Según la JEP, al menos 8.924 personas fueron víctimas: 5.729 asesinadas o desaparecidas y 3.200 sometidas a atentados, desplazamiento forzado, torturas, exilio, detenciones arbitrarias o violencia sexual. La violencia golpeó desde militantes de base hasta altos dirigentes, incluidos dos candidatos presidenciales, seis congresistas, 17 alcaldes y 165 concejales. La UP sigue siendo el movimiento político con más víctimas fatales en la historia del conflicto colombiano.

El tribunal determinó que la estigmatización institucional contra la UP no correspondió a “manzanas podridas”, sino a una política extendida en las unidades militares. Ramírez Quintero, excomandante de la Primera División y exdirector de inteligencia, vinculó oficialmente a la UP con las FARC, pese a que el partido había anunciado su ruptura con esa guerrilla en 1987. Ese señalamiento facilitó su exterminio y permeó la actuación de brigadas y batallones en varias regiones.

La investigación consolidó 34 informes, 139 diligencias de versión y 135 testimonios, además de inspecciones a archivos de inteligencia. En ellos se comprobó un patrón macrocriminal que operó en regiones donde la UP tenía mayor presencia, como Urabá, Meta, Magdalena Medio, Sumapaz y el nordeste antioqueño.

Uno de los casos más documentados es el del general del Río en Urabá, donde la Brigada XVII ofreció protección a organizaciones como el sindicato Sintrainagro y el movimiento Esperanza, Paz y Libertad —señaladas por apoyar a grupos paramilitares—, mientras militantes de la UP quedaban en completa desprotección.

El tribunal recordó que el genocidio contó con apoyo de empresarios, ganaderos, narcotraficantes y multinacionales, extendiendo la responsabilidad más allá del aparato militar.

La violencia contra quienes reclaman justicia tampoco ha cesado. La Corte Interamericana declaró en 2022 al Estado colombiano responsable del exterminio político, y aun así, sobrevivientes como la periodista Renata Cabrales han debido exiliarse por nuevas amenazas. Desde la firma del acuerdo de paz, Indepaz registra el asesinato de 475 firmantes y 1.885 líderes sociales, en medio de la expansión de grupos armados y denuncias de connivencia entre estructuras criminales y sectores de la fuerza pública.