La Defensoría del Pueblo de Colombia solicitó al Gobierno que dialogue con las autoridades de Panamá para evitar vulneraciones de Derechos Humanos, luego de que se anunciara el cierre de varios pasos en la Tapón del Darién, frontera entre ambos países. La entidad alertó sobre las consecuencias humanitarias que conllevará esta decisión, que afectará a miles de migrantes que intentan cruzar la peligrosa frontera selvática.

Según la Defensoría, el cierre de al menos tres de los cruces inhóspitos en la Tapón del Darién aumentará el represamiento de personas en los municipios receptores de migrantes, concretamente en los cascos urbanos de los pueblos que forman parte de la subregión del Urabá antioqueño y chocoano. Además, incrementará las necesidades de protección, dada la afectación a los derechos fundamentales de la población en movilidad humana, las comunidades en tránsito y las colectividades étnicas que perviven en esa zona limítrofe.

La Defensoría también pidió a los gobiernos regionales de Antioquia y Chocó que activen mesas de gestión y gobernanza migratoria con acciones de contingencia oportunas desde un enfoque humanitario, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, género u orientación sexual.

Durante los primeros seis meses del 2024, cerca de 197.000 personas han atravesado la selva del Darién, y tan solo en junio más de 27 mil migrantes cruzaron la peligrosa frontera selvática, 5.600 de ellos resultaron ser menores de edad. Venezolanos, colombianos, ecuatorianos y chinos fueron quienes más se arriesgaron a cruzar el Tapón en los primeros seis meses del año.

El defensor del pueblo colombiano, Julio Luis Balanta, alertó sobre las consecuencias humanitarias que conllevará la decisión del Gobierno de Panamá y reclamó tener en cuenta el riesgo sanitario de los migrantes que los cruzan. “Exhortamos al gobierno nacional a solicitarle a las autoridades panameñas observar y estar al tanto de cuán importante son los postulados del derecho internacional de los derechos humanos”, declaró Balanta.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, adelantó la colocación de “cercas de serpentinas” con la intención de que la gente tome un camino único, “no diseminado” para llegar a Panamá, además de la presencia policial en algunas zonas de esa selva.

La Defensoría del Pueblo colombiano publicó un estudio analítico en el que simuló el cierre del tapón del Darién y su impacto humanitario, colocando en alerta grave el derecho a la salud, pues registraron 502 quejas sanitarias entre enero de 2020 y abril de 2024.

Con información de lafm y swissinfo