La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) manifestó su desacuerdo con la propuesta del presidente Gustavo Petro de utilizar recursos destinados a proyectos viales 4G y 5G para financiar el plan de contingencia contra la fiebre amarilla en Colombia.

La propuesta presidencial

Durante el último Consejo de Ministros, el presidente Petro planteó que, para financiar un plan de vacunación contra la fiebre amarilla, que requeriría entre 13 y 14 millones de dosis con una inversión estimada entre $600.000 millones y $1 billón, se podría acudir al traslado de vigencias futuras de proyectos viales con presuntos incumplimientos contractuales.

“Existen $8 billones del Gobierno guardados en los bancos en fondos de fideicomiso, para soportar la contratación con los concesionarios dueños de peajes, de las llamadas 4G y 5G”, afirmó el mandatario.

En respuesta a esta propuesta, la CCI realizó varias aclaraciones sobre la situación actual de los proyectos viales y su financiación:

Según la cámara sectorial, los 41 proyectos de cuarta y quinta generación actualmente en desarrollo están cumpliendo con sus actividades y obligaciones contractuales, por lo que ninguno de los recursos para estas obras estaría en riesgo bajo el planteamiento presidencial.

Juan Martín Caicedo, presidente ejecutivo de la CCI, enfatizó que trasladar las vigencias futuras a otro sector no es viable desde el punto de vista jurídico: “Los recursos públicos girados a las fiducias buscan pagar las obras construidas por concesionarios y entregadas a satisfacción del Estado (…) como los recursos girados a las fiducias se encuentran ejecutados, jurídicamente no es posible destinarlos a otros sectores”.

Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, advirtió que redireccionar estos recursos pondría en duda la seguridad jurídica de las vigencias futuras, que constituyen la “fuente de pago esencial para los proyectos de infraestructura del país”.

La CCI mencionó que existen tres proyectos que no se han iniciado o culminado por razones gubernamentales, no contractuales. Según explicaron, la demora en la concesión de licencias ambientales ha retrasado la ejecución de estas obras.

Alternativas planteadas

La cámara sugirió que existe una oportunidad de obtener recursos si se negocian acuerdos con los concesionarios de las obras Perimetral Oriental de Bogotá y Bucaramanga-Pamplona para la liberación de recursos de vigencias futuras, siempre garantizando su disponibilidad posterior mediante las fórmulas de liquidación previstas en los contratos.

Respecto al proyecto Mulaló-Loboguerrero, la CCI aclaró que no existe una deuda del concesionario con el Estado por $1,8 billones, como se ha sugerido. “Las vigencias giradas a Mulaló-Loboguerrero son de $1,8 billones. Esta cifra ha generado rendimientos por $400.000 millones para un valor total de $2,2 billones, monto a cargo de la ANI y no del concesionario”, precisó Caicedo.

La CCI recordó que las vigencias futuras son un mecanismo que el propio Gobierno utilizó recientemente para implementar el proyecto férreo Dorada-Chiri.

Con información de la república