El Catatumbo atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Diez meses después de que el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc desataran una brutal ofensiva por el control del territorio —el 16 de enero de este año— la región sigue sumida en una espiral de violencia que no cede, pese a las medidas extraordinarias anunciadas por el Gobierno y a la intervención de las altas cortes.

Lo que comenzó como un enfrentamiento entre grupos armados se transformó en un colapso humanitario sin precedentes. Más de 70.000 personas han sido desplazadas desde enero, una cifra que supera de lejos cualquier registro previo y que contrasta con los 13 desplazamientos masivos reportados en 2018, considerado hasta entonces el año más crítico para la zona. Las escuelas están vacías, los caminos son controlados por caravanas de armados y los habitantes viven bajo un régimen de miedo marcado por asesinatos, confinamientos y reclutamientos forzados.

La crisis supera la respuesta del Estado

Durante una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional, diferentes entidades advirtieron que la situación no solo no ha mejorado, sino que se ha agravado. La Unidad para las Víctimas confirmó que los desplazamientos masivos de este año rompieron todos los antecedentes históricos, mientras que la Defensoría del Pueblo aseguró que las alertas estaban encendidas desde hacía meses sin que hubiera respuestas oportunas.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez fue contundente al señalar que el escalamiento de la violencia no obedeció al azar: “Ocurrió porque el Estado renunció a cumplir sus responsabilidades básicas”. Añadió que el Gobierno acudió a las facultades extraordinarias del estado de conmoción interior —decretado en abril mediante el Decreto Legislativo 62 de 2025— sin haber agotado antes las herramientas ordinarias de prevención y control.

Aunque el Ejecutivo afirmó entonces que el orden había sido restablecido, las salas especiales de la Corte advirtieron que la emergencia humanitaria continuaba en ascenso. En el terreno, las comunidades confirman esa percepción: mientras el discurso oficial habla de normalización, la violencia se ha enquistado aún más.

2,78 billones para una crisis que no cede

El Gobierno destinó 2,78 billones de pesos para atender la emergencia, de los cuales se han ejecutado cerca de la mitad, según informó la Contraloría. Más de 22.000 contratos por un valor superior a 1,9 billones ya están en marcha; sin embargo, el organismo de control asegura que el principal problema no es la falta de recursos sino la incapacidad para ejecutarlos de manera coherente y coordinada.

Aunque reconoce avances en educación, atención humanitaria e inclusión productiva, la Contraloría advierte que continúan las falencias en infraestructura, vivienda y formalización de tierras, además de una débil articulación entre la Nación y las autoridades locales. En otras palabras, el Catatumbo enfrenta una crisis más de gestión que de planificación.

El territorio habla: la guerra sigue

Para los habitantes, la realidad es inequívoca. La líder social Carmen García, fundadora de la organización Madres del Catatumbo, resume la situación con crudeza: “Para nosotros la situación está peor”. Asegura que los asesinatos se multiplicaron tras la ofensiva de enero y que en lo corrido del año ya han perdido a más de 70 jóvenes, 16 de ellos menores de edad.

García denuncia que la presencia militar es mínima y que los uniformados solo aparecen en recorridos oficiales. El resto del tiempo, los caminos están dominados por los grupos armados. “La institucionalidad aparece apenas como un rumor lejano”, afirma.

La comunidad, además, carga con un sentimiento de abandono acumulado durante décadas y una frustración profunda hacia la clase política. “Cada gobierno ve al Catatumbo como un mecanismo para legalizar dinero. El Estado no está, su ausencia pesa, y la plata nunca llega al territorio”, lamenta la lideresa.

Una región atrapada entre promesas y fuego cruzado

Mientras se anuncian nuevos operativos y estrategias de seguridad, los habitantes continúan enfrentando una guerra que no da tregua. El Catatumbo sigue siendo un epicentro de disputa criminal y, pese a las intervenciones judiciales y gubernamentales, las comunidades perciben que la violencia avanza con más rapidez que las soluciones.

El desafío para el Estado es monumental: recuperar un territorio que durante años ha sido moldeado por la presencia de actores armados, la debilidad institucional y el abandono estructural. Por ahora, el panorama sigue dominado por la desolación, el desplazamiento masivo y el temor permanente de quienes intentan sobrevivir en una guerra que parece no tener final cercano.