Las cifras sostenidas de violencia intrafamiliar y la vulnerabilidad de poblaciones diversas en Cartagena motivaron al Ministerio de Justicia a revisar la operatividad del primer Consultorio Jurídico Púrpura del país y de la Casa de Justicia de Canapote, espacios creados para acercar el sistema judicial a barrios periféricos y atender de forma gratuita a comunidades con limitado acceso institucional.

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, inspeccionó el modelo de atención que funciona en la Universidad Antonio Nariño, donde se articula asesoría en derecho civil, laboral y penal para sectores históricamente marginados. Según datos oficiales, más de 3.000 ciudadanos fueron atendidos durante el último año en estos puntos, lo que evidencia la presión social y jurídica que enfrentan varias zonas de la capital bolivarense.

Durante la visita, el jefe de la cartera ordenó priorizar la prestación del servicio en los sectores con mayores índices de violencia. Señaló que el acceso a la justicia debe materializarse en los territorios donde surgen los conflictos cotidianos, y no limitarse a los despachos judiciales tradicionales.

El Consultorio Jurídico Púrpura opera mediante una estrategia articulada con el Centro de Orientación a la Mujer, con el propósito de recibir denuncias por violencia de género y brindar acompañamiento a población LGBTIQ+, personas con discapacidad y minorías étnicas. El decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Carlos Almaza, explicó que el modelo combina asesoría jurídica gratuita con mecanismos de conciliación para evitar la escalada de conflictos.

Las cifras del Ministerio indican que la mayor demanda proviene de personas entre 26 y 45 años. En respuesta, se realizaron 352 atenciones preventivas y 429 procesos de conciliación en equidad, herramienta que la entidad considera clave para descongestionar el sistema judicial y promover soluciones pacíficas.

El balance preliminar sugiere que, ante la persistencia de la violencia intrafamiliar y los conflictos comunitarios, el fortalecimiento de estos consultorios se perfila como una estrategia central para contener la conflictividad social en Cartagena y ampliar el acceso efectivo a la justicia en zonas vulnerables.