La Cámara de Representantes entregó a la Corte Constitucional las actas de las sesiones donde se intentó corregir los vicios de procedimiento de la reforma pensional, cuestionada por irregularidades en su aprobación durante el controvertido episodio conocido como “pupitrazo”.

El presidente de la corporación legislativa, Julián López del Partido de la U, confirmó la entrega a través de su cuenta en la red social X, indicando que se cumple así con un requerimiento del alto tribunal.

“Un paso más hacia la justicia social. Entregamos la respuesta sobre las actas de la Reforma Pensional a la Corte Constitucional. No es un simple documento: es la esperanza del pueblo, la voz de quienes piden justicia social”, escribió López, quien ha respaldado la agenda legislativa del Gobierno.

El congresista añadió que espera que “la Ley 2381 de 2024 sea el inicio de una Colombia más justa e igualitaria”, refiriéndose a la norma que establece la reforma pensional impulsada por el Ejecutivo.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre el proceso y criticó la actuación de la Corte Constitucional, particularmente del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la corporación judicial.

“Tercera subsanación que se le hace a la reforma pensional por los caprichos del magistrado Ibáñez. ¡Ojo! Esto nunca había pasado! Por favor, independencia y respeto de poderes”, expresó Benedetti en sus redes sociales.

El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar esta semana al magistrado Ibáñez, argumentando que el problema no radica en la aprobación de la ley pensional en la Cámara, sino en aspectos procedimentales relacionados con el quórum.

Según el mandatario, el acta en la que se anunció la sesión correspondiente solo contó con quórum deliberatorio. “Se quiere volver doctrina política, algo que acabaría no solo con la ley pensional, sino con buena parte de la legislación”, afirmó Petro.

El presidente insistió en que no existe norma que obligue a aprobar el anuncio de una sesión. “El anuncio no requiere aprobación. Si esa interpretación se impone, la mayoría de leyes quedarían en riesgo de anulación”, agregó el jefe de Estado.

Con la entrega de las actas solicitadas, ahora corresponde a la Corte Constitucional evaluar si las subsanaciones realizadas por el Congreso son suficientes para mantener en firme la Ley 2381 de 2024.

Con información de wradio