El plan del gobierno de Abelardo de la Espriella para aislar a los jefes del crimen organizado está a un paso de hacerse realidad. Un borrador del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) revela los primeros nombres de los presos de alta peligrosidad que serían trasladados a los llamados ‘buques cárcel’, una estrategia para cortar el hilo de mando de las organizaciones criminales desde la reclusión.

Los primeros en subir a las embarcaciones serían reconocidos capos de la extorsión que, según las autoridades, continúan delinquiendo desde sus celdas. Entre los identificados figuran Digno Palomino y alias ‘Negro Ober’, señalados de dirigir estructuras criminales desde prisión. A ellos se sumarían alias ‘Marihuano’ y ‘Carnal’, vinculados a bandas en Santander; alias ‘Robincito’, acusado de mantener redes delictivas activas desde Magdalena; y alias ‘Juanito’, uno de los responsables de las extorsiones en el Meta. La lista también incluye a ‘Cabeza de Hacha’, ‘Chucho Rayo’ y ‘Tinejo’, presuntos miembros de organizaciones de extorsión en Tolima.

La operación, bautizada como Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), está a cargo de la Dirección General Marítima (DIMAR) y el Ministerio de Defensa, con el apoyo del INPEC y la Armada Nacional. El plan contempla ubicar dos flotillas de alta seguridad: una en el Caribe, cerca de Cartagena, y otra en el Pacífico, en aguas de Buenaventura.

El objetivo es aislar a los internos de sus organizaciones mediante el bloqueo total de comunicaciones. El INPEC custodiará a los presos, mientras la Policía instalará sistemas para inhibir cualquier señal. Aunque la lista aún no es definitiva, las fuentes confirman que estos nombres son los principales candidatos a ser los primeros en experimentar la reclusión marítima.

La medida no es sin precedentes. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, en 2007, dos cabecillas criminales fueron trasladados temporalmente a embarcaciones: Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, jefe del Bloque Central Bolívar, en una fragata en el Caribe, y Diego Fernando Montoya, alias ‘Don Diego’, en un buque en el Pacífico. El caso más emblemático es el de la isla-prisión de Gorgona, que funcionó hasta 1984 y aprovechaba su aislamiento natural para garantizar un control máximo.

El ambicioso plan enfrenta obstáculos jurídicos. Abogados advierten que los traslados podrían ser cuestionados por afectar derechos fundamentales como el arraigo familiar y la resocialización. El profesor Luis Fernando Trejo, de la Universidad del Norte, advierte que la medida debe superar un “debate constitucional” para no ser considerada un trato cruel. El abogado Mauricio Pava aclara que el aislamiento es legal solo si se respetan la dignidad humana y el derecho a la defensa.

En el plano práctico, la Armada no cuenta actualmente con un barco adaptado como prisión. Será necesario transformar un buque con celdas, camas, cámaras de seguridad y tecnología de vigilancia. Esta iniciativa se suma a otras medidas del gobierno de De la Espriella, como la presentación de un Estatuto Antiterrorista y la propuesta de reemplazar el INPEC por un nuevo Cuerpo Nacional de Prisión.

El éxito de los “buques cárcel” dependerá de su implementación técnica y de su respaldo legal. Mientras tanto, el primer grupo de extorsionadores de alta peligrosidad espera una decisión definitiva que podría cambiar las reglas del juego en la lucha contra el crimen organizado en Colombia.