Del 19 al 22 de agosto, Bogotá acogerá la cumbre de presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), la única instancia internacional enfocada exclusivamente en el bioma amazónico. El encuentro estará presidido por el colombiano Martín Von Hildebrand, experto en la región, quien asumió el cargo de secretario general en febrero tras resolver un año de tensiones diplomáticas entre Colombia y Perú.

La reunión se desarrolla en un contexto marcado por la disputa territorial por la isla Santa Rosa, en el río Amazonas, y cambios recientes en el gabinete del presidente Gustavo Petro, con Rosa Villavicencio como nueva canciller y la ministra Irene Vélez asumiendo temporalmente la cartera de Ambiente.

Desde la última cumbre en Belém do Pará en 2023, que produjo la Declaración de Belém bajo el liderazgo de Luiz Inácio Lula da Silva y Petro, hay expectativas de avances en coordinación ambiental y política entre los ocho países amazónicos: Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana y Surinam. En Bogotá se evaluará el cumplimiento de ese acuerdo y se buscará llegar con posiciones unificadas a la COP30 de noviembre en Brasil.

Cinco ejes clave de la agenda

Uno de los puntos más destacados será la aprobación de un mecanismo de cogobierno entre Estados y pueblos indígenas, que permitirá la participación directa de delegados indígenas y gubernamentales en las decisiones de la OTCA. Este modelo, impulsado por Bolivia, busca fortalecer la incidencia de las comunidades en la gestión de sus territorios, que representan el 25% del bioma.

En materia de seguridad, se presentará el plan de trabajo de la nueva comisión regional conformada por ministerios de Justicia y Defensa, con Colombia en la presidencia. El objetivo: coordinar acciones contra narcotráfico, minería ilegal, tráfico de especies y otros delitos que amenazan la gobernabilidad en la región.

También se discutirá un acuerdo global para la trazabilidad de minerales, liderado por Colombia, que pretende establecer controles internacionales para verificar el origen legal del oro y otros recursos, involucrando no solo a países productores, sino también a los grandes consumidores.

Otro tema en agenda será la creación de una plataforma financiera para proyectos de cooperación amazónica. La propuesta busca atraer recursos adicionales de países desarrollados y organismos internacionales para cumplir los compromisos ambientales, sin competir con los mecanismos nacionales de financiación.

En paralelo, se espera abordar la reciente decisión del Congreso peruano de otorgar estatus de distrito a la isla Santa Rosa, lo que, según Bogotá, amenaza el acceso colombiano al río Amazonas.

Críticas a la preparación en Colombia

Uno de los puntos débiles señalados por organizaciones civiles es la falta de espacios de participación previos a la cumbre. Colombia se había comprometido a realizar diálogos amazónicos con comunidades y actores sociales, pero solo se llevaron a cabo dos encuentros presenciales y varios virtuales en el último mes, lo que para expertos como Wendy Arenas y Rodrigo Botero refleja una oportunidad perdida para integrar las voces de quienes habitan la región.

La cumbre de Bogotá será decisiva para medir si las promesas de cooperación regional se traducen en acciones concretas frente a la crisis ambiental y social que atraviesa la Amazonía. La atención estará puesta no solo en los acuerdos que se logren, sino en la asistencia de líderes clave como Lula da Silva, cuya presencia aún no está confirmada.