La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el informe de ponencia de la reforma laboral propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro, marcando el inicio de la discusión detallada del articulado.

El debate, que había sufrido retrasos debido a recusaciones contra el Partido Conservador y el Partido Liberal, retomó su curso tras la resolución de estos obstáculos procedimentales. Durante la sesión, se rechazaron tres ponencias de archivo, allanando el camino para el análisis exhaustivo de la propuesta gubernamental.

Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo, expresó su optimismo frente al progreso logrado, calificando el debate como “propositivo”. A pesar de la presentación de aproximadamente 800 proposiciones al articulado, la ministra destacó la introducción del primer bloque de artículos y anticipó la continuación de las votaciones para el lunes próximo.

“Esperamos que al finalizar septiembre, la reforma laboral esté aprobada en su segundo debate y pueda avanzar hacia el Senado”, afirmó Ramírez, delineando un ambicioso cronograma para esta iniciativa legislativa clave del gobierno Petro.

María Fernanda Carrascal, coordinadora ponente de la coalición del Pacto Histórico, subrayó que el proyecto ha incorporado consideraciones para proteger a las pequeñas y medianas empresas, buscando un equilibrio entre los derechos laborales y la sostenibilidad del tejido empresarial colombiano.

La reforma laboral, uno de los pilares de la agenda transformadora del actual gobierno, busca modernizar las relaciones laborales en Colombia, adaptándolas a las realidades del siglo XXI. Entre sus propuestas más destacadas se encuentran cambios en la jornada laboral, modificaciones en las horas extras y ajustes en las condiciones de contratación.

El avance de esta reforma en el Congreso será observado de cerca por diversos sectores de la sociedad colombiana, desde sindicatos hasta gremios empresariales, dado su potencial impacto en la dinámica laboral del país. El desafío ahora radica en conciliar las diversas visiones y expectativas de los actores involucrados, en busca de una legislación que promueva tanto el bienestar de los trabajadores como la competitividad del sector productivo nacional.