La junta directiva de Ecopetrol, la petrolera estatal de Colombia, aprobó la realización de una auditoría forense integral para investigar presuntos casos de corrupción, tráfico de influencias, sobornos y nombramientos irregularmente adjudicados dentro de la empresa y sus filiales. La decisión, que ha sacudido al sector energético nacional, surge en medio de una ola de audios filtrados y denuncias anónimas que apuntan a actores políticos, empresariales y familiares cercanos al expresidente Gustavo Petro.

La investigación interna fue activada por instrucción del nuevo presidente de la junta directiva, Luis Felipe Henao, con el conocimiento y apoyo del ministro de Hacienda del gobierno de Abelardo de la Espriella, Miguel Gómez. Las alertas iniciales habrían circulado por distintos canales, generando sospechas sobre posibles irregularidades millonarias que habrían favorecido a terceros de forma irregular. Como parte del proceso, toda la evidencia documental, correos electrónicos y material relevante será sometido a estricta cadena de custodia para garantizar su integridad.

Entre los nombres que sobresalen en las denuncias está el de alias “El Bachiller”, identificado por medios como El Tiempo en la persona de Jaime A., un empresario vinculado al sector de grandes obras civiles en los Santanderes. A esta figura se le atribuye haber realizado pagos para garantizar nombramientos clave, entre ellos el de al menos dos vicepresidentes de Ecopetrol. El señalamiento más grave es un presunto desembolso de $5.000 millones de pesos para facilitar el pago de un funcionario previamente destituido tras el escándalo del derrame de crudo en Lizama, Santander. Además, se investigan sus presuntos nexos con grupos criminales en Barrancabermeja, sede de una de las principales refinerías de la empresa, y un posible aporte oculto a una campaña política.

El escándalo también alcanza la esfera internacional y a figuras de alto perfil. Se investiga el posible papel de los ciudadanos catalanes Xavier Vendrell y Manel Grau, cercanos a la expareja presidencial (Verónica Alcocer y Gustavo Petro), en la influencia sobre decisiones contractuales y de nombramiento en Ecopetrol. Asimismo, la auditoría revisará el rol de Ricardo Roa, expresidente de la compañía, en dos asuntos sensibles: el caso del apartamento 901 en Bogotá, por el cual enfrenta un proceso judicial por presunto tráfico de influencias vinculado a la compra del inmueble y su posterior favorecimiento contractual; y la polémica compra de las plantas Termomorichal I y II por 42 millones de dólares, una operación que originalmente se contemplaba sin costo para la estatal y que hoy está bajo la lupa.

Otra figura mencionada es la de alias “La Costilla”, a quien se le atribuye la obtención de contratos de mantenimiento para plantas de Ecopetrol mediante el presunto cobro de cuantiosos sobornos, incluso en operaciones en el exterior. El caso también salpica la operación de la oficina de Ecopetrol en Houston, donde se habría intentado gestionar una compra millonaria de gas que finalmente no se concretó a pesar de la insistencia del entonces presidente Petro.

Con información de El Tiempo