Un proyecto de decreto que flexibilizaba el diseño de edificaciones sismo resistentes quedó detenido tras el cambio de gobierno y el sismo del 10 de agosto, generando un intenso debate técnico sobre la seguridad de las construcciones en Colombia.

Un último-minuto impulso normativo durante las finales semanas de la administración de Gustavo Petro ha encendido las alarmas en la comunidad de ingeniería estructural. Un borrador de decreto, que buscaba actualizar los parámetros para el diseño de edificaciones resistentes a terremotos, fue cuestionado por potencialmente reducir los estándares de seguridad y llegó a la Presidencia justo antes de que un sismo de magnitud 7.4 pusiera a prueba la resiliencia del país.

El foco de la controversia radica en que el proyecto normativo pretendía establecer como referencia obligatoria el Modelo Nacional de Amenaza Sísmica, desarrollado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Según un análisis de expertos, este nuevo modelo podía conllevar una reducción de los coeficientes sísmicos, los cuales son fundamentales para calcular la resistencia de una estructura.

La implicación era clara: diseñar edificaciones para soportar fuerzas menores derivadas de un movimiento telúrico, lo que se traduciría en estructuras con menor capacidad de respuesta y, por ende, un mayor riesgo ante terremotos futuros.

“Una reducción en estos coeficientes habría llevado a diseñar estructuras para soportar fuerzas sísmicas menores”, explicó Gabriel Bernal, profesor de la Universidad Nacional. A su criterio, la iniciativa iba en contravía de la experiencia y el conocimiento acumulado.

El profesor Daniel Mauricio Ruiz, de la Pontificia Universidad Javeriana, profundizó en las consecuencias prácticas. “Trabajar con fuerzas horizontales inferiores podría permitir reducir el tamaño de vigas y columnas o utilizar menos acero, disminuyendo la capacidad de las estructuras y aumentando el riesgo de daños o colapso”. En esencia, se podría construir “más barato”, pero a costa de la seguridad.

Cuestionamientos técnicos y jurídicos

Más allá de las implicaciones estructurales, la propuesta enfrentó críticas por su enfoque técnico y su base legal. Gabriel Bernal criticó que se buscara imponer un único modelo oficial, marginando los aportes de la academia y del sector privado.

Además, se señaló una posible confusión en el marco regulatorio. El borrador pretendía reglamentarse bajo la Ley 1523 de 2012 (Política de Gestión del Riesgo de Desastres), cuando las normas de construcción sismorresistentes se enmarcan, desde 1997, en la Ley 400. Se sumaron observaciones administrativas, como la ausencia de la firma del Ministerio de Vivienda, un requisito fundamental para su validez.

Un terremoto, un cambio de gobierno y una pausa definitiva

La secuencia de eventos fue crítica. El borrador fue sometido a consulta pública en julio y llegó a la Presidencia el 6 de agosto de 2024. Cuatro días después, el potente sismo en el sur del país recordó de forma dramática la importancia de unas normas sísmicas robustas.

“Reducir las exigencias después de una emergencia de esta magnitud podría aumentar la vulnerabilidad de las edificaciones”, sentenciaron los expertos críticos. Con el terremoto como telón de fondo, el debate técnico se tornó urgente.

Actualmente, las construcciones en Colombia se rigen por la Norma Sismo Resistente (NSR-10), vigente desde 2010 y considerada una de las más exigentes de la región. Con el cambio de gobierno y la llegada de la nueva administración, es altamente improbable que el proyecto se expida en los términos originalmente planteados. No obstante, el episodio deja un debate abierto y una alerta latente sobre la necesidad de un proceso técnico transparente y sólido para actualizar, y no debilitar, los cimientos de la seguridad sísmica en Colombia.