La Procuraduría General de la Nación ha expresado su preocupación ante el creciente número de casos de acoso sexual y laboral en Colombia, según reveló la procuradora Margarita Cabello Blanco durante una visita a Cúcuta. Las estadísticas del Observatorio Nacional de Salud (ONS) muestran un panorama inquietante: en lo que va de 2024 se han documentado 3.956 casos de acoso sexual, 9.798 de actos sexuales abusivos, 10.089 de acceso carnal y 4.909 de otras formas de violencia sexual.

El balance de los últimos tres años refleja la magnitud del problema. Entre 2021 y septiembre de 2024, se han emitido 113 pliegos de cargos por acoso laboral, culminando en 69 fallos, de los cuales 32 resultaron en sanciones. Paralelamente, se han iniciado 282 procesos disciplinarios por acoso sexual, con especial énfasis en el sector educativo, donde 52 pliegos de cargos han sido emitidos contra docentes y rectores.

La violencia basada en género continúa siendo un desafío significativo, con 131.501 casos registrados, donde las mujeres representan el 75,6% de las víctimas. Ante esta situación, la Procuraduría ha implementado la Coordinación Misional y de Apoyo para el Enfoque Diferencial y de Género, estableciendo directrices específicas mediante la circular 003 de 2024 para prevenir y sancionar el acoso laboral en entidades públicas.

Un avance significativo en la lucha contra este flagelo se manifestó en la reciente sentencia SL2358 de agosto de 2024 de la Corte Suprema de Justicia, que establece un precedente crucial al determinar que la protección laboral no puede ser utilizada como escudo para perpetuar conductas violentas en el entorno laboral. El alto tribunal enfatizó que el acoso sexual constituye una forma grave de discriminación y una violación a los derechos humanos.

La Procuraduría destaca que muchos casos de acoso laboral surgen como represalia cuando las víctimas rechazan pretensiones sexuales, evidenciando la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y respuesta institucional. Las autoridades han reafirmado su compromiso de realizar investigaciones exhaustivas para garantizar la aplicación de medidas disciplinarias efectivas contra los infractores.