El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó este viernes que el Gobierno entregará un subsidio de arriendo a las familias que perdieron su vivienda tras el sismo de magnitud 6,8 cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó. La medida, que será precedida por un censo exhaustivo, también incluye un descuento en los pagos de servicios básicos durante los próximos tres meses para los residentes de Pereira y otras localidades de Risaralda gravemente afectadas.

Lo esencial

• Subsidio de arriendo: destinado a los damnificados de Quibdó y otras zonas del Chocó que hayan sufrido daños estructurales graves o la pérdida total de su hogar.
• Alivio en servicios públicos: reducción del 100 % en la factura de energía, agua y gas para todas las familias afectadas en Risaralda, vigente por 90 días.
• Censo y verificación: el Ministerio de Vivienda, liderado por Jaime Andrés Beltrán, realizará un registro detallado para identificar a los beneficiarios y garantizar la transparencia del proceso.

El terremoto, que sacudió la región el lunes pasado, dejó 90 fallecidos en Pereira, según informó el propio presidente durante su visita a la ciudad. Además, numerosos edificios colapsaron en la Plaza de Bolívar y en barrios residenciales, provocando una crisis humanitaria sin precedentes en la zona. En Chocó, la capital Quibdó experimentó deslizamientos de tierra y daños extensos en viviendas de madera, lo que obligó a cientos de personas a buscar refugio en albergues temporales.

“He dado instrucciones precisas al señor ministro de Vivienda para que se decrete un alivio económico en los servicios públicos durante tres meses. Vamos a hacer ese censo y vamos a otorgar esa posibilidad para que la gente pueda tener un respiro en medio de esta tragedia”, afirmó De la Espriella en una rueda de prensa en Pereira. El presidente subrayó que el subsidio de arriendo será una ayuda “seria y estructurada”, basada en datos recopilados por autoridades departamentales y la unidad de gestión del riesgo.

El proceso de asignación del subsidio se iniciará a partir del 15 de agosto, cuando equipos de la Oficina Nacional de Gestión del Riesgo (ONGR) y los gobiernos locales comenzarán a registrar a los hogares afectados. Cada familia elegible recibirá un aporte mensual de $350.000 pesos, suficiente para cubrir una parte significativa del alquiler de una vivienda digna. Paralelamente, el Ministerio de Vivienda emitirá una orden que suspende la facturación de los servicios públicos a los beneficiarios, con la condición de que mantengan los consumos dentro de los límites razonables.

Expertos en gestión de desastres consideran que la combinación de subsidio de arriendo y exención de servicios constituye una respuesta integral que puede mitigar la vulnerabilidad de los desplazados. Sin embargo, advierten sobre la necesidad de una monitorización constante para evitar fraudes y asegurar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.

Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han solicitado al Gobierno que amplíe la cobertura a otras regiones colindantes, como Antioquia y Valle del Cauca, donde también se reportaron daños estructurales. En respuesta, De la Espriella prometió “evaluar la situación de cada departamento y actuar con la rapidez que la emergencia exige”.

La iniciativa anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella representa el primer gran paso del Estado para aliviar la crisis habitacional provocada por el terremoto del 8 de agosto. Con la puesta en marcha del censo y la coordinación entre ministerios, se espera que cientos de familias recuperen la estabilidad y puedan reconstruir sus vidas en un entorno seguro. Las autoridades reiteran su compromiso de seguir trabajando “mano a mano con la población” hasta que la normalidad vuelva a la zona afectada.