La Corporación Rosa Blanca ha presentado una denuncia penal contra Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por presunto prevaricato tras retirar las medidas de protección a Sara Morales, sobreviviente de reclutamiento forzado y vocera de la organización.

El abogado Adel González Guzmán, representante legal de la Corporación Rosa Blanca, interpuso la denuncia ante la fiscal Luz Adriana Camargo, argumentando que Álvarez habría expuesto a Morales a un riesgo significativo al despojarla de su esquema de protección.

Morales, reclutada por las FARC a los 11 años, sufrió violencia sexual durante casi dos décadas en los campamentos guerrilleros, incluyendo embarazos forzados y planificación reproductiva impuesta. La denuncia surge apenas dos días después de la imputación de cargos contra seis miembros del exsecretariado de las FARC por delitos de reclutamiento forzado y violencia sexual.

“No entendemos a qué juega el Director de la Unidad de Investigación y Acusaciones de la JEP. Le acaba de quitar medidas de protección a Sara Morales y la deja a merced de los asesinos de las FARC”, manifestó la Corporación Rosa Blanca en sus redes sociales.

La organización ha denunciado que tras la imputación a exintegrantes de las FARC, ya comenzaron las amenazas contra varias víctimas. “A sólo 2 días del auto JEP que imputó a Secretariado FARC graves delitos de lesa humanidad contra 18.677 niñas y niños campesinos, ya empezaron amenazas e intimidaciones”, señalaron.

La JEP ha anunciado su compromiso de salvaguardar la seguridad de las víctimas del Caso 07, garantizando medidas de protección para quienes se encuentran en situación de riesgo. Sin embargo, la denuncia penal plantea serias dudas sobre la efectividad de estas garantías.