La Unidad para las Víctimas ha dado a conocer los hallazgos de una auditoría forense que evidencia graves irregularidades en el manejo de los inmuebles administrados por el Fondo para la Reparación a las Víctimas entre 2018 y 2022, causando un detrimento patrimonial superior a los 4.200 millones de pesos.

Según el informe, no se consideraron las áreas totales de los predios para calcular los valores de arrendamiento, provocando una pérdida de 3.786 millones de pesos al avalarse cánones irrisorios, en algunos casos inferiores a 100.000 pesos mensuales.

La auditoría también identificó que grupos de contratistas variaron los nombres de sus empresas para acaparar contratos por más de 84.000 millones de pesos durante ese período.

Asimismo, se realizaron estimaciones de cánones de arrendamiento sin verificaciones ni labores de campo, desconociendo las condiciones reales de los inmuebles. “Al no realizar visitas a los predios, sus estimaciones carecen de soporte y veracidad”, indica el informe.

Estos hechos fueron posibles debido a la ausencia de control y transparencia en los procesos de contratación y prestación de servicios del Fondo para la Reparación.

La auditoría cuestiona contratos específicos como el 131 de 2018, donde se pagaron 1.200 millones sin avances reales; el 096 de 2020, con pagos injustificados por 292 millones; y el 097 de 2021, que contrató a las mismas empresas para actualizar diagnósticos prediales recientes.

Ante esta situación, la Unidad para las Víctimas ha emprendido acciones para recuperar bienes, actualizar su inventario, formalizar arrendamientos, reconstruir archivos y agilizar la comercialización de inmuebles para indemnizar a víctimas.

Se lograron recuperar 425 predios y obtener alrededor de 1.970 millones de pesos en cánones de arrendamiento este año. Además, se implementaron 87 puntos de seguridad para proteger los bienes de mayor riesgo.