El Tribunal Superior de Bogotá ratificó en segunda instancia la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien permanece prófugo de la justicia por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El magistrado ponente Jairo José Agudelo, de la Sala Segunda de Decisión Penal, modificó la decisión inicial al incluir nuevamente el delito de lavado de activos que había sido excluido en primera instancia. González Merchán ahora enfrenta tres cargos: cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

La decisión judicial estableció decretar “medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por el delito de lavado de activos en contra de Carlos Ramón González Merchán”, según consta en el documento oficial.

La Fiscalía General de la Nación señala que González habría solicitado al exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez, la entrega de contratos millonarios a altos funcionarios del Congreso. Específicamente, 60.000 millones de pesos para el expresidente del Senado Iván Name y 10.000 millones para el presidente de la Cámara de Representantes Andrés Camillo.

El fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Sandoval, indicó durante la imputación que “la finalidad era obtener apoyo a los proyectos de ley del Gobierno en el Congreso”.

El magistrado Leonel Rogeles Moreno, en el fallo de primera instancia de 63 páginas, avaló los argumentos fiscales sobre el peligro que representa González para la comunidad. La decisión destacó que los comportamientos imputados “revisten una gravedad manifiesta por el daño que ocasionan a la sociedad y, en especial, a la administración pública”.

La decisión judicial también subrayó el poder político de González, quien ha permanecido en altas esferas estatales durante años. El magistrado Rogeles señaló que “a pesar de su reconocimiento público y vinculación con el poder político, decidió delinquir, comprando la función legislativa”, generando daño a la democracia e institucionalidad colombiana.

González abandonó el país tras la orden de captura emitida el 3 de julio pasado. Según información oficial, se encontraría en Centroamérica, específicamente en Nicaragua. La Fiscalía solicitó a Interpol desde el 4 de julio la expedición de circular roja contra el exfuncionario, sin que se conozca respuesta hasta la fecha.

El Gobierno nicaragüense concedió asilo político a González, mientras en Colombia se investiga a funcionarios de la Cancillería que habrían participado en las gestiones diplomáticas para solicitar este beneficio que mantiene al exdirector del Dapre fuera del alcance de la justicia colombiana.

Con información de wradio