La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado la responsabilidad de 10 exmilitares en 46 casos de falsos positivos ocurridos en Dabeiba, Antioquia, entre los años 1997 y 2005. Este pronunciamiento resalta el compromiso de la justicia en esclarecer crímenes atroces cometidos en el pasado colombiano.

Entre los señalados se encuentran tres coroneles, tres mayores, tres suboficiales y un soldado profesional, de los cuales ocho han admitido su responsabilidad tanto ante las víctimas como públicamente, marcando un hito en el proceso de reconciliación y búsqueda de verdad en el país.

La resolución de conclusiones emitida por la JEP, un documento de 197 páginas obtenido exclusivamente por Blu Radio, detalla tres patrones macrocriminales perpetrados en la región. La mayoría de las víctimas eran jóvenes en situación de vulnerabilidad, una trágica realidad que ha sido expuesta con transparencia por la justicia.

Los relatos de los hechos revelan una macabra operación: las víctimas eran engañadas y transportadas desde distintas localidades para luego ser asesinadas. Los cuerpos eran ocultados en el cementerio de Las Mercedes en Dabeiba, mientras que también se perpetraron homicidios de campesinos y personas indefensas.

Según la resolución, miembros de la tropa incluso asesinaron a milicianos de las FARC capturados y guerrilleros que se entregaron a las autoridades, evidenciando una cadena de atrocidades. Además, se destaca que muchos de los afectados se encontraban en situaciones precarias, lo que los volvía aún más vulnerables a la violencia desatada.

Una de las partes más estremecedoras de este caso es el ocultamiento masivo de los cadáveres, acompañado por la destrucción de las prendas y documentos de identificación de las víctimas. Este acto, como señala la resolución, determinó la desaparición forzada como una conducta autónoma con sus propias finalidades, evidenciando la crueldad sin límites de los perpetradores.

Sin embargo, entre la oscuridad de estos crímenes, se vislumbra un rayo de esperanza en forma de sanción restaurativa. Ocho de los implicados han aceptado su culpabilidad y han propuesto una serie de iniciativas para reparar a las víctimas y contribuir a la reconstrucción del tejido social.

Entre las propuestas se encuentran el restablecimiento de vías terciarias, una cátedra de paz para integrar a los afectados por el conflicto, y proyectos productivos directamente relacionados con las necesidades de las víctimas, como granjas de gallinas ponedoras. Aunque se destaca que algunos proyectos aún requieren ajustes, la voluntad de reparar el daño causado es evidente.

Es importante destacar que aquellos que admitan su responsabilidad evitarán la cárcel, sometiéndose a una sanción restaurativa de hasta 8 años. En contraste, aquellos que nieguen su participación enfrentarán un juicio que podría resultar en hasta 20 años de prisión.

El Tribunal para la Paz de la JEP será el encargado de revisar la resolución de conclusiones y determinar las sanciones finales para los responsables. Como lo resume la resolución, aquellos que han aportado verdad completa y reconocido su responsabilidad individual serán elegibles para la imposición de una sanción propia.