El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un fallo que otorga un plazo de 10 días a los ministerios de Hacienda y Minas para garantizar los recursos necesarios destinados al pago de subsidios de energía y gas. La decisión judicial busca proteger a millones de usuarios de estratos 1, 2 y 3, así como a familias de menores ingresos del área rural.

La medida judicial responde a una deuda acumulada de aproximadamente 1,5 billones de pesos por subsidios ya aprobados y reconocidos en actos administrativos, pero que no han sido pagados por falta de disponibilidad en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

El fallo específico que los ministerios deben “emprender las actuaciones tendientes a asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para cubrir los subsidios otorgados a los usuarios de energía y gas de los estratos I, II y III y los de menores ingresos del área rural, para atender sus necesidades básicas de electricidad, vigencias 2024 y 2025”.

Según la Contraloría General de la República, el incumplimiento en el pago de subsidios podría generar aumentos tarifarios de hasta 150% para los hogares beneficiarios. En el escenario más crítico, existe la posibilidad de suspensión del servicio para millones de familias colombianas en condiciones socioeconómicas vulnerables.

El Tribunal consideró crucial resolver esta situación, ya que la falta de pagos amenaza directamente el acceso a servicios públicos esenciales para la población más vulnerable del país.

La decisión judicial se produjo tras una acción de cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDE Colombia). La organización denunció el incumplimiento del deber estatal de garantizar estos subsidios, establecido en la Ley 143 de 1994 y el Decreto 1073 de 2015.

Durante el proceso legal se evidenció que, aunque los ministerios han apropiado recursos en el presupuesto, esto resulta insuficiente sin la ejecución completa de las etapas del ciclo presupuestal que garanticen la disponibilidad real y oportuna de los fondos.

La sentencia advierte sobre inconsistencias en las cifras reportadas por el Gobierno. Existe incertidumbre sobre si se cumplió efectivamente el anuncio del Ministerio de Minas del 13 de mayo, cuando aseguró haber pagado el 100% de las deudas acumuladas hasta esa fecha.

Esta situación genera dudas sobre la transparencia y veracidad de la información oficial relacionada con el estado de los pagos de subsidios energéticos.

Las agremiaciones de los sectores de electricidad y gas natural expresaron preocupación por la falta de asignación de recursos para períodos futuros. Reconocen los pagos realizados para saldar deudas hasta diciembre de 2024, pero advierten sobre un déficit acumulado proyectado para 2025 de 4,4 billones de pesos.

Para 2026, las necesidades de apropiación alcanzan los 5,3 billones de pesos, según proyecciones sectoriales. Esta situación podría generar incrementos significativos en las facturas de usuarios de estratos bajos, no por aumento de tarifas, sino por la ausencia de subsidios gubernamentales.

La Procuraduría advirtió que la falta de pago de subsidios compromete la sostenibilidad financiera del sistema energético nacional. Algunas empresas del sector ya no contarían con recursos suficientes para continuar financiando estos subsidios debido a otras deudas pendientes.

Con información de caracol radio y bluradio