En una contundente declaración, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, reafirmó que desde el inicio se advirtieron las fallas en el proceso de levantamiento de órdenes de captura sin justificación y soporte. Para el fiscal, la Corte Constitucional está desempeñando un papel crucial en la sostenibilidad institucional del país.

Esta afirmación surge tras la reciente decisión de la alta corte sobre la denominada ley de paz total, un proyecto impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro. Barbosa anunció que, a raíz de este fallo, los fiscales de los casos tendrán la facultad de estudiar la libertad concedida a presos de la primera línea que se convirtieron en voceros de paz.

El Fiscal General Francisco Barbosa anunció que en los próximos días se solicitarán las órdenes de captura en contra de los miembros de la primera línea que quedaron en libertad en el marco de la ‘Paz total’. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/C4fzM1Xhjd

— Revista Semana (@RevistaSemana) December 1, 2023

El Fiscal General reaccionó con satisfacción ante las condiciones impuestas por la Corte Constitucional al proyecto de paz total. Según Barbosa, el alto tribunal respalda las inquietudes planteadas desde el principio, destacando que con su fallo está contribuyendo a mantener la institucionalidad del país.

“Un año y medio de desgaste, simplemente porque las cosas se deben hacer correctamente. Hoy, la rama judicial sostiene la institucionalidad colombiana”, expresó Barbosa durante el Encuentro de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en la ciudad de Neiva.

El Fiscal celebró el hecho de que la Corte Constitucional haya otorgado al Congreso de la República la potestad para definir el grupo que puede participar en las negociaciones de la Paz Total. Esta decisión marca un hito en el proceso y refuerza el compromiso con el marco legal establecido.

Por otro lado, la liberación de miembros de la primera línea, una prioridad para el presidente Petro, ha sido tema de controversia. A pesar de intentos por calificarlos como “gestores de paz”, la Corte dejó claro que ni los delincuentes vinculados a las protestas ni los peligrosos criminales asociados a grupos ilegales pueden salir de prisión por capricho presidencial.

“No era posible, de un plumazo presidencial, sacar delincuentes de la Primera Línea de la cárcel”, enfatizó el Fiscal General.

La decisión de la Corte

En una decisión trascendental, la Sala Plena de la Corte Constitucional emitió un fallo que marca pautas cruciales para la implementación de la Ley de Paz Total (2272 de 2022). El alto tribunal ha respaldado en su mayoría la intención de paz del Gobierno del presidente Gustavo Petro, pero ha impuesto limitaciones significativas en el proceso de negociación.

Según el fallo, el Gobierno tiene la autoridad para negociar con bandas criminales, disidencias y guerrillas, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos por la ley. Sin embargo, la Corte ha señalado dos aspectos fundamentales que restringen los poderes del Ejecutivo en este proceso.

En primer lugar, se ha establecido que el Gobierno no puede designar como voceros de paz a personas privadas de la libertad. Esta restricción busca evitar que individuos bajo procesos judiciales actúen como representantes en las negociaciones de paz.

En segundo lugar, la Corte ha dictaminado que cualquier negociación que implique un sometimiento a la justicia debe ser consultada con las otras ramas del poder. Esta medida busca preservar la separación de poderes y evitar decisiones arbitrarias en el proceso de paz.

Además, la Corte Constitucional ha abordado la ubicación temporal y las garantías de seguridad para los miembros de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto, enfatizando la importancia de proteger a aquellos involucrados en el proceso de paz.

Esta decisión se remonta a una demanda presentada por los congresistas del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui y María Fernanda Cabal. Ambos argumentaron que la iniciativa carecía del concepto del Consejo de Política Criminal y cuestionaron la posibilidad de levantar órdenes de captura para personas procesadas que actuaran como gestores de paz.

Las demandas condujeron a una audiencia pública el 22 de agosto, durante la cual se escucharon argumentos a favor y en contra de la ley. Uscátegui destacó la ausencia del concepto del Consejo Superior de Política Criminal y acusó al ministro de Justicia, Néstor Osuna, de intentar falsificar dicho concepto después de que el trámite de la ley había concluido en el Congreso y el presidente se disponía a firmar.