La supuesta relación entre el contrabandista colombiano Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”, y la estructura financiera del grupo Hezbolá en Latinoamérica ha vuelto a captar la atención de las autoridades. Este caso, que permaneció en segundo plano durante años, resurgió tras el escándalo político desencadenado cuando se reveló que Marín intentó infiltrar recursos en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

El protagonista central de esta trama es Ayman Saied Joumaa, un empresario libanés de 59 años originario de Al Karoun. Conocido en los círculos criminales como “Junior” o “el Turco”, Joumaa construyó una red de negocios internacionales con presencia en Líbano, Benin, Congo, Venezuela, Panamá y Colombia.

En enero de 2011, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la DEA lo incluyeron en la Lista Clinton (OFAC), congelando sus transacciones financieras y cuentas bancarias. La acusación principal: captar dinero ilegalmente en Latinoamérica para financiar operaciones clandestinas de Hezbolá en Medio Oriente.

Según las investigaciones, Joumaa participaba en actividades de contrabando y lavado de activos para diversos grupos narcotraficantes, especialmente el cartel mexicano “Los Zetas” y la organización antioqueña “La Oficina”. La DEA estimó que el volumen de blanqueo de capitales alcanzaba aproximadamente 200 millones de dólares mensuales.

Para extender sus operaciones en Colombia, Joumaa adquirió la ciudadanía colombiana. Su método consistía en cobrar entre 8% y 14% del total del dinero a lavar, garantizando en cinco días la incorporación de estos fondos al sistema financiero legal mediante una compleja red de 19 empresas dedicadas a hotelería, cambio de divisas, insumos agrícolas y tiendas duty free.

Su mercancía circulaba principalmente en zonas de comercio de contrabando de Maicao y el sector El Hueco en Medellín, las mismas que abastecía la estructura de “Papá Pitufo”.

La presunta relación entre Joumaa y Diego Marín quedó documentada en el Proyecto Casandra, una operación internacional en la que participaron la DEA, el MI6 y Europol para rastrear los fondos de Hezbolá. En dicha operación, ambos fueron identificados como “personas de interés”.

Las autoridades colombianas detectaron exportaciones inusuales de ganado desde los puertos de Cartagena y Buenaventura hacia Beirut, Egipto e Irak, donde aparentemente se ocultaba cocaína producida por las FARC en envíos coordinados por la red de Marín.

Esta sospecha fue confirmada el 26 de enero de 2023, cuando el buque Orión V, que transportaba 1.750 cabezas de ganado entre Cartagena y Beirut, fue interceptado en Las Palmas de Gran Canaria con 4,5 toneladas de cocaína ocultas en los corrales.

El interés por esta conexión resurgió cuando se reveló que Marín intentó infiltrar 500 millones de pesos en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. El actual presidente colombiano ha afirmado que, al conocer la identidad del aportante, ordenó la devolución del dinero y posteriormente la persecución internacional de Marín, quien fue arrestado en diciembre pasado en Portugal utilizando un pasaporte español.

Mientras tanto, Ayman Saied Joumaa reapareció en 2019 presentando una querella contra el Departamento del Tesoro y la OFAC para recuperar su portafolio financiero. La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia desestimó sus alegatos, por lo que continúa bajo investigación.

El testimonio de Joumaa será fundamental para comprender el alcance de la red de contrabando de “Papá Pitufo” y sus conexiones internacionales, mientras avanza el proceso de extradición del colombiano a su país.

Con información de el colombiano