Tras el ataque armado registrado en la mañana de este lunes en Bogotá, que dejó a dos activistas venezolanos heridos, el presidente Gustavo Petro anunció un plan de fortalecimiento de las medidas de protección para defensores de derechos humanos extranjeros en Colombia.

“La Unidad Nacional de Protección (UNP) ampliará la protección de los activistas de derechos humanos de cualquier país del mundo en Colombia”, señaló el mandatario a través de sus redes sociales, en respuesta al atentado ocurrido en el norte de la capital.

Petro aseguró que su gobierno ha garantizado la seguridad y libertad de expresión de todos los ciudadanos extranjeros que se refugian en el país, sin distinción ideológica. “Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas, es bienvenida. Nadie puede decir que el Gobierno los ha molestado. Se han expresado libremente y así continuará”, añadió.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas del ataque —dos ciudadanos venezolanos que viven en Colombia desde septiembre de 2024— fueron interceptadas por hombres armados que se movilizaban en un vehículo cuando salían del edificio donde residen. Ambos fueron trasladados a la Clínica Reina Sofía, donde permanecen fuera de peligro.

La Policía Nacional informó que, tras la activación de un plan candado, el vehículo utilizado en el atentado fue ubicado en la localidad de Suba. Dentro del automóvil se hallaron dos armas de fuego que habrían sido usadas en el ataque.

“El vehículo fue identificado gracias a cámaras de seguridad del sector. Al conocer sus características, activamos el plan candado y logramos su ubicación en Suba”, confirmó el teniente coronel Ricardo Chaves, comandante de la Estación de Policía Usaquén.

Las autoridades continúan las investigaciones para establecer la identidad de los tres presuntos responsables del atentado. La Fiscalía y la Policía trabajan de manera conjunta en la trazabilidad de las armas y en la revisión de los registros del edificio donde residían las víctimas.

El hecho ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y miembros de la comunidad venezolana en Colombia, quienes han pedido al Gobierno mayores garantías de seguridad ante posibles amenazas.