Quibdó, la capital del departamento del Chocó, enfrenta una alarmante crisis de seguridad pública. A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales, la violencia y la inseguridad han alcanzado niveles críticos, afectando profundamente la vida de sus ciudadanos. Según datos de la Policía Nacional, hasta el 22 de mayo de 2024, 49 personas han perdido la vida violentamente en Quibdó, un incremento de siete casos en comparación con el mismo período de 2023.

Uno de los casos más recientes que ha conmocionado a la comunidad es el asesinato de Yeider Padilla, un comerciante respetado que fue atacado a tiros mientras cerraba su tienda. A pesar de los intentos por salvar su vida, Padilla falleció poco después de ser trasladado a un centro médico.

El alcalde de Quibdó, Rafael Andrés Bolaños Pino, señala que el recrudecimiento de la violencia está estrechamente vinculado a las disputas territoriales y al control de economías ilegales, como el microtráfico y las extorsiones. La extorsión, en particular, ha crecido significativamente, dirigida no solo a comerciantes, sino también a funcionarios y cualquier persona con un ingreso fijo.

La Defensoría Regional del Pueblo en Chocó, liderada por Luis Enrique Murillo, ha identificado un entorno de disputa territorial urbano centrado en actividades ilícitas que incluyen el microtráfico, narcotráfico, extorsiones y el cobro de exacciones económicas a diversos sectores de la sociedad.

La población civil, atrapada en medio de estos conflictos, sufre violaciones sistemáticas a sus derechos fundamentales, enfrentando homicidios, desplazamientos forzados, enfrentamientos armados, reclutamiento forzado, amenazas y hurtos.

La violencia en Quibdó comenzó a intensificarse a finales de 2019, con un aumento significativo durante y después de la pandemia. Esta escalada de inseguridad ha sido alimentada por la presencia de varios grupos armados ilegales. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias Mexicanas ‘Los Mexicanos’ y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) son los principales actores en conflicto, disputándose el control del territorio y las economías ilícitas. Además, otros grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas locales como ‘Los Zetas’, ‘Revolución Cabí’, ‘Locos Yam’ y ‘los RPS’ también tienen presencia en la zona.

En un intento por mitigar la violencia, la administración de Bolaños ha implementado varias medidas de seguridad. Se han establecido controles policiales y militares en los puntos más conflictivos de la ciudad y se ha prohibido el transporte de parrilleros hombres en el centro de Quibdó, ya que muchos actos de violencia han sido perpetrados por motociclistas con acompañantes masculinos.

No obstante, el alcalde Bolaños enfatiza que la solución a largo plazo requiere más que medidas de seguridad. Hace un llamado al Gobierno Nacional para que invierta en programas sociales que generen oportunidades de empleo, educación, deporte y cultura para los jóvenes de Quibdó. Según datos del DANE, Chocó fue una de las regiones con la mayor tasa de desempleo en Colombia durante 2023, lo que agrava aún más la situación de inseguridad.

El escenario de violencia se complica aún más por la falta de acuerdos entre los diferentes grupos armados. Aunque tres bandas locales, ‘Locos Yam’, ‘los Mexicanos’ y ‘los RPS’, han iniciado diálogos con el Gobierno Nacional, otros actores como ‘Los Zetas’, el ‘Clan del Golfo’ y células urbanas del ELN permanecen fuera de estos acuerdos, dificultando los esfuerzos de pacificación.