Procuraduría investiga presunta red de corrupción en Ecopetrol Barrancabermeja por contratos superiores a $10.000 millones

Por: Maria Jose Salcedo

7 septiembre, 2025

Ecopetrol Foto: El Espectador

La Procuraduría General de la Nación recibió una denuncia formal el 30 de agosto que involucra a tres funcionarios de Ecopetrol en presuntas irregularidades contractuales ocurridas en febrero de este año en la sede de Barrancabermeja.

La denuncia identifica a Edwin Palma, Mauricio Posada y Henry Muñoz como los funcionarios de Ecopetrol presuntamente involucrados en el manejo irregular de contratos. Según el documento, estos empleados habrían favorecido la contratación de Renzo Serrano, propietario de múltiples compañías.

Las empresas mencionadas en la investigación son Randley SAS, Frago SAS, RyF Asociados SAS y Semic SAS, las cuales habrían obtenido el 3,5% del total de contratos adjudicados por la petrolera estatal. El denunciante señala a Edwin Palma como el presunto cabecilla de la operación.

El informe hace referencia específica al contrato número CW227924, en el cual se habría registrado una transferencia de 300 millones de pesos a Mauricio Posada. Según la denuncia, este funcionario habría tenido una participación determinante para que se concretara la adjudicación del mencionado contrato.

La investigación también menciona a Óscar Emilio Higuera y José David Díaz Corrales como personas que habrían recibido dinero de Fernando Serrano a través de su esposa, quien habría sido empleada de la empresa y actuado como intermediaria en estas transacciones.

Según el documento radicado ante la Procuraduría, los funcionarios se habrían apropiado de contratos por un valor superior a los 10.000 millones de pesos. Esta cifra representa una significativa porción de los recursos destinados a contratación en la refinería de Barrancabermeja durante el período investigado.

Los eventos denunciados habrían ocurrido en febrero de 2024, mientras que la formalización de la denuncia ante la Procuraduría se realizó el 30 de agosto del mismo año. Este lapso de tiempo podría indicar que la investigación interna o la recopilación de evidencias requirió varios meses antes de la presentación formal del caso.

 

 

 

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